El Gobierno envió al Congreso un proyecto para derogar la ley de etiquetado frontal

El Poder Ejecutivo presentó el 23 de mayo al Congreso un proyecto que propone la derogación completa de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como ley de etiquetado frontal. El texto ingresó con las firmas del presidente y del gabinete y cuestiona la eficacia del sistema vigente: según el gobierno generó "confusión en los consumidores", distorsiones regulatorias y sobrecostos para la industria. Plantean reemplazar el esquema por un marco más alineado con estándares regionales y técnicos y dijeron que el envío forma parte de un paquete de iniciativas que incluye otras reformas vinculadas a comercio e inversión.

El proyecto critica que aspectos metodológicos y técnicos estén fijados dentro de la ley y sostiene que eso limita la actualización frente a nuevos consensos científicos y a las Guías Alimentarias para la Población Argentina. Además, el Ejecutivo señaló que la falta de armonización en el Mercosur obligó a empresas a producir envases diferenciados, algo que afectó en particular a pymes por costos y logística. Aclararon que la derogación no supondría eliminar la información nutricional obligatoria, sino avanzar hacia un sistema "más preciso, contextualizado y científicamente consistente" según el mensaje remitido al Parlamento.

La propuesta abrió un fuerte debate entre sectores sanitarios, organizaciones de la sociedad civil y la industria. Especialistas en nutrición advirtieron que quitar los octógonos negros representaría un retroceso en la accesibilidad de información clara sobre alimentos ultraprocesados y apuntaron a evidencia internacional que asocia advertencias frontales con mejor conocimiento del consumidor. Por su parte, empresas del sector y cámaras empresarias reclamaron armonización regulatoria y flexibilidad técnica para evitar costos adicionales en envases y en el comercio regional. Legisladores de distintos bloques ya anunciaron audiencias públicas y pedidos de informes para analizar el impacto.

Entre los puntos concretos del proyecto figura la derogación total de la ley vigente desde 2021 y la intención de adoptar un reglamento técnico regional unificado con el Mercosur. También propone trasladar definiciones y parámetros técnicos a normas reglamentarias o manuales, con el argumento de facilitar actualizaciones científicas sin pasar por el Congreso. El Ejecutivo justificó la medida como parte de un paquete mayor de desregulación legislativa orientado a atraer inversiones y reducir cargas regulatorias; en la agenda oficial incluyen además iniciativas como un nuevo régimen de incentivos para sectores productivos.

La reacción política promete tensar el trámite en comisiones. Diputados y senadores que respaldaron la ley original anticiparon que pedirán evidencia local sobre impacto y solicitarán informes a ANMAT, ministerios y otros organismos de salud. Organizaciones de la sociedad civil anunciaron movilizaciones y campañas de información en redes y supermercados para defender el esquema actual. El proceso parlamentario exigirá acuerdos entre provincias, bloques y sectores productivos; el Ejecutivo confía en sumar apoyos por costos y asimetrías comerciales, mientras que los críticos apelan al derecho a la información y a políticas públicas para prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación.