Milei anunció una propuesta para cambiar la Carta Orgánica del BCRA; busca priorizar lucha contra la inflación y aumentar autonomía del organismo.

El presidente Javier Milei anunció el 1 de julio de 2026 que el Poder Ejecutivo elaboró una propuesta para modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa, según su discurso ante legisladores de La Libertad Avanza, pretende devolver al organismo la misión central de defender el valor de la moneda y limitar otras finalidades que, a su juicio, ampliaron el rol del banco desde la reforma de 2012. El equipo que trabaja en el texto incluye al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El anuncio generó expectativas sobre el alcance concreto de los cambios y sobre el calendario político para tratar la ley en el Congreso, con debates previstos en las próximas semanas.

El núcleo del proyecto se centrará en acotar las finalidades del BCRA y priorizar la estabilidad de precios como objetivo predominante. La Carta Orgánica vigente, según la redacción que resultó de la reforma aplicada en 2012, reconoce objetivos múltiples para el banco, como estabilidad financiera, desarrollo económico y empleo. El Gobierno buscará revertir o reinterpretar esos artículos para que la defensa del poder adquisitivo del peso quede como prioridad explícita. Además, la iniciativa prevé reglas más estrictas sobre financiamiento del Tesoro y límites a la emisión monetaria que puedan alimentar la inflación, y se indicó que la vigencia de algunas medidas podría retrotraerse a principios de 2025 para consolidar coherencia con el programa económico.

El Fondo Monetario Internacional reiteró en informes recientes su pedido por mayor independencia y claridad en los mandatos de bancos centrales, y ese reclamo aparece en el discurso oficial como uno de los argumentos para la reforma. Economistas consultados fuera del Gobierno, sin embargo, expresaron escepticismo sobre la pretensión de «mayor independencia», porque la autonomía real se mide por reglas de nombramiento, duración del mandato, inamovilidad de autoridades y condiciones para su remoción. En la práctica, la independencia también depende del comportamiento del Ejecutivo y del propio directorio del BCRA, y no solo de la letra de la ley, por eso las fuentes académicas y técnicas suelen mirar tanto la norma como las prácticas institucionales.

Analistas opinan que definir la lucha contra la inflación como objetivo único puede facilitar la política monetaria pero también limitar la capacidad del banco para responder a shocks financieros o de liquidez. En economías con inflación alta, anclar expectativas resulta esencial; especialistas advierten que ese anclaje exige instrumentos coherentes: metas claras, transparencia, un régimen de comunicación creíble y, en muchos casos, ajuste fiscal que respalde la política monetaria. Además, cambios legales abruptos pueden generar incertidumbre sobre contratos, reservas y flujos internacionales si los mercados perciben riesgos sobre la previsibilidad institucional.

El camino legislativo exigirá diálogo entre el Ejecutivo y bloques parlamentarios; el Gobierno buscará apoyo oficialista pero también necesitará acuerdos para aprobar eventuales modificaciones que impliquen reformas constitucionales o cambios de mayor calado. El Congreso decidirá plazos, comisiones y modificaciones puntuales del texto. Mientras tanto, el BCRA publicó y publica sus objetivos y planes anuales según la Carta vigente y trabaja en operaciones de acumulación de reservas anunciadas para 2026. La discusión pública y técnica alrededor del proyecto prevé audiencias con economistas, cámaras empresarias y organismos internacionales antes de que el Ejecutivo remita un texto definitivo al Parlamento, y el proceso legislativo podría estirarse varias semanas dependiendo de la negociación política.