Gobierno acelera baja de retenciones y prioriza sostener el superávit

El Gobierno nacional confirmó en los últimos días un paquete de bajas en derechos de exportación que incluye al trigo, la cebada y un cronograma para la soja, además de reducciones para ramas industriales, y planteó que esos alivios se alinearán con la meta fiscal. El presidente comunicó los primeros cambios en la Bolsa de Cereales y el Ministerio de Economía detalló cronogramas y plazos durante una rueda de prensa posterior, donde explicaron que algunas rebajas comenzarán en junio de 2026 y otras se desplegarán de forma gradual entre 2026 y 2028. El equipo económico sostuvo que el costo fiscal ya estaba contemplado en las proyecciones oficiales y que la prioridad seguía siendo mantener el superávit acordado con organismos internacionales, y aclaró que la ejecución de las medidas dependerá del cumplimiento del calendario planteado por el ministerio.

La primera tanda de medidas reduce retenciones al trigo y la cebada, que pasarán del 7,5% al 5,5% desde junio de 2026, y fija un esquema para la soja que empezará en enero de 2027 con bajadas mensuales pequeñas hasta 2028. El Gobierno amplió además el alcance al maíz, girasol y sorgo, y anunció que sectores industriales —entre ellos automotriz, petroquímico y maquinaria— verán una caída progresiva de sus alícuotas hasta llegar a cero en junio de 2027. Desde Economía justificaron la aceleración del alivio por el aumento de costos de insumos y por el repunte exportador, y precisaron que las empresas podrán planificar inversiones y contratos con mayor previsibilidad a partir de esos plazos.

Las cifras oficiales apuntan a que el impacto fiscal para 2026 será acotado y que el mayor efecto correrá sobre 2027 y 2028, cuando la reducción en volumen tributario será mayor. En la presentación el ministro afirmó que la medida no obligaría a modificar la meta de superávit primario pactada con el Fondo Monetario Internacional y que el calendario de bajas ya fue incorporado en las proyecciones presupuestarias, aunque analistas privados advirtieron riesgos si la recaudación se desacelera. La administración, según comunicados, buscó compensar menor ingreso con contención del gasto y mejores resultados por el comercio exterior, y señaló que la evolución fiscal será clave para sostener el plan.

La decisión político-fiscal llegó en un contexto de recuperación parcial de la actividad y un aumento de las exportaciones que dio espacio para alivios graduales, pero mantuvo las restricciones sobre las cuentas públicas. Sectores del agro y la industria reaccionaron en general con respaldo, aunque algunos economistas subrayaron que la sostenibilidad del esquema depende de que el crecimiento y la recaudación sigan la trayectoria esperada; en caso contrario, el Gobierno tendría que elegir entre recortar gasto o frenar nuevas reducciones impositivas. El Ejecutivo dijo que monitorearía mensual y trimestralmente la evolución de ingresos y gastos para ajustar el timing si hace falta y así garantizar que las medidas no comprometan la meta fiscal.

El Gobierno prevé que la gradualidad reduzca tensiones en la cadena de valor y permita planificar inversiones privadas, mientras que los mercados miran la consistencia entre los anuncios fiscales y la meta del sector público. Analistas de la Bolsa de Cereales y cámaras empresarias destacaron que un cronograma claro mejora la previsibilidad, aunque pidieron reglas estables y mayor transparencia en la estimación del costo fiscal. Si la recaudación falla, la prioridad republicana en el equilibrio fiscal obligará al equipo económico a readecuar el calendario o a reforzar medidas de ahorro. El desenlace dependerá del cumplimiento real de metas macro y de la evolución externa, factores que condicionarán la continuidad del esquema propuesto.