Informe: Gobierno necesitaría recortar más de 6% del gasto no indexado para alcanzar la meta con el FMI

Un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) proyectó el posible cierre fiscal de 2026 a partir de la evolución de la recaudación y del gasto público durante el primer cuatrimestre. El trabajo calculó que, manteniéndose el escenario actual de ingresos, el Ejecutivo necesitará profundizar el ajuste sobre el gasto primario no indexado para cumplir la meta de superávit primario pactada con el Fondo Monetario Internacional, fijada en torno al 1,4% del PBI. El informe desglosó partidas y consignó que, mientras las prestaciones previsionales y las transferencias a familias se mantendrían casi en línea con 2023, el resto del gasto corriente sufriría recortes fuertes, sobre todo en ítems discrecionales y en ejecución de programas no obligatorios.

El IARAF estimó que, entre 2023 y 2026, la mitad del gasto primario quedaría en niveles reales similares a 2023 y la otra mitad acumularía una caída cercana al 47% en términos reales. Ese ajuste implicó, según el documento citado por medios nacionales, un recorte acumulado del gasto no indexado superior al 6% en el año en curso si no se compensan ingresos. El cálculo incorporó el impacto de la inflación sobre las distintas partidas y la regla de movilidad que actualiza jubilaciones, AUH y asignaciones familiares, por lo que el ajuste real depende de cómo evolucionen esos índices durante los próximos meses.

El Gobierno ya instruyó a los ministerios a profundizar el recorte de gastos para resguardar el superávit fiscal, según medidas publicadas y comunicados oficiales durante los primeros meses del año. La estrategia combinó menor ejecución de obra pública, reducción de subsidios y control del gasto corriente no salarial. Analistas consultados por la prensa indicaron que parte del ajuste se logró mediante postergación de pagos y aumento de la deuda flotante, mecanismos que mejoran transitoriamente el resultado base caja pero no eliminan obligaciones ni alivian las presiones estructurales sobre las cuentas públicas.

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El contexto recaudatorio complicó la ecuación fiscal: la recaudación tributaria acumuló caídas en términos reales durante meses recientes y dejó menos margen para cumplir metas sin profundizar recortes. El staff del FMI mantuvo el énfasis en un control riguroso del gasto y aceptó cierta focalización de transferencias sociales, pero el calendario de revisiones del acuerdo y la necesidad de desembolsos condicionaron la negociación. Economistas advirtieron que fijar metas sobre bases de ingresos optimistas obliga a ajustar el gasto con más fuerza cuando los recursos no se recuperan, lo que tensiona los plazos de las revisiones y los desembolsos previstos.

El informe y la reacción oficial abrieron debates políticos sobre prioridades y el costo social del ajuste. Desde sectores del Gobierno defendieron que el esfuerzo fue necesario para sostener la confianza y cerrar el acuerdo con el FMI; organizaciones sociales y la oposición reclamaron medidas complementarias para mitigar el impacto en la población vulnerable. Los próximos meses quedarán marcados por la evolución de la recaudación, la ejecución presupuestaria y las decisiones sobre pagos, factores que determinarán si los recortes anunciados alcanzan para cumplir la meta fiscal sin agravar la situación social.