El Gobierno mantiene el 'Súper RIGI' bajo revisión y proyecta enviarlo al Congreso la semana próxima

El Gobierno nacional mantuvo en revisión durante los últimos días el texto del proyecto conocido como “Súper RIGI” y proyectó su envío al Congreso para la semana próxima, según confirmaron voceros oficiales. El paquete busca ampliar las ventajas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para sectores que el Poder Ejecutivo considera estratégicos y, dijeron, poco desarrollados en la Argentina. El giro respondió a anuncios públicos realizados por el presidente y el ministro de Economía, y a reuniones técnicas en Casa Rosada donde el equipo económico afinó beneficios tributarios y aduaneros que pretende ofrecer a potenciales inversores extranjeros, con foco en acelerar decisiones de inversión y aprovechar proyectos que demanden montos relevantes de capital.

El ministro de Economía detalló algunos sectores que el Gobierno quiso incluir en el nuevo régimen: refinamiento y laminado de cobre, producción de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, data centers y cadena de valor del uranio, entre otros. Según fuentes oficiales, el esquema incluirá exenciones de derechos de exportación desde el inicio del proyecto y alivios en aranceles a las importaciones necesarias para la puesta en marcha, diferencias explícitas frente al RIGI vigente. También anticiparon mecanismos para acortar tiempos de aprobación y atraer inversiones de gran escala, medidas que buscan reducir la incertidumbre regulatoria que suelen frenar proyectos de largo plazo.

El Ejecutivo planteó que la iniciativa perseguía acelerar proyectos que requerían desembolsos millonarios y generar empleo en nuevos centros productivos. En paralelo, el Gobierno negoció con gobernadores los alcances provinciales del régimen: la adhesión de las provincias resultó clave porque fue condición para que el régimen aplicara sobre inversiones que demandaran beneficios fiscales locales. Fuentes provinciales confirmaron conversaciones con Casa Rosada para definir compensaciones y límites temporales. En febrero, el oficialismo prorrogó el plazo para adherir al RIGI hasta el 8 de julio de 2027 mediante un decreto; esa prórroga marcó el marco legal sobre el que se discutió luego el “Súper RIGI”.

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La propuesta generó reacciones encontradas entre distintos actores económicos y sectores políticos. Empresarios del sector energético y de minería recibieron con interés las facilidades anunciadas, mientras que organizaciones ambientalistas y algunos bloques opositores plantearon dudas sobre la fiscalización, las evaluaciones de impacto ambiental y el alcance de las exenciones. Legisladores anticiparon que revisarán la letra del proyecto en comisiones y reclamarán informes técnicos y jurídicos. Desde el Ejecutivo explicaron que el texto que llegará al Congreso incluirá cláusulas para condiciones de inversión y mecanismos de control, aunque no todas las secciones quedaron cerradas al momento de las consultas.

El calendario oficial prevé que el proyecto ingrese a la Cámara baja la semana próxima, tras los ajustes de última hora en Casa Rosada. El Ejecutivo buscará sumar avales legislativos y acuerdos provinciales antes del tratamiento en comisiones y planteará la urgencia política por la necesidad de atraer capitales en plazos cortos. Si bien desde el Gobierno resaltaron que el esquema apunta a proyectos que “no existen hoy” en el país, algunos analistas pidieron mayor claridad sobre incentivos concretos, cláusulas de reversión y garantías ambientales. El debate en el Congreso definirá finalmente el alcance y las condiciones del régimen y su capacidad para transformar inversiones anunciadas en proyectos concretos.