Reforma electoral: Milei busca cambiar las reglas antes de 2027

La reforma electoral que el Gobierno nacional envió al Congreso volvió a poner en discusión una pregunta de fondo: quién define las reglas de competencia política y bajo qué condiciones se ordena la representación. El proyecto ingresó al Senado el 22 de abril de 2026 y forma parte de una agenda institucional que Javier Milei quiere llevar al recinto antes de que empiece a tomar forma el calendario presidencial de 2027. La iniciativa apunta a eliminar de manera definitiva las PASO, modificar el sistema de financiamiento de campañas e incorporar el criterio de Ficha Limpia para candidaturas nacionales.

El oficialismo presenta la propuesta como una forma de reducir gastos y terminar con un mecanismo que, en la lectura libertaria, obliga al Estado a financiar internas partidarias. En la Casa Rosada entienden que las primarias abiertas dejaron de cumplir el objetivo original de ordenar candidaturas y que, en muchos casos, terminaron funcionando como una gran encuesta nacional pagada con recursos públicos. La discusión, sin embargo, no se agota en el costo electoral. Eliminar las PASO también cambia la forma en que los partidos construyen liderazgos, resuelven tensiones internas y negocian lugares en las listas.

El primer punto fuerte del proyecto es la supresión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Si el Congreso aprueba la reforma, cada fuerza política deberá definir sus candidatos con mecanismos propios, sin una instancia nacional obligatoria previa a la elección general. Ese cambio beneficia a estructuras con conducción más vertical o acuerdos cerrados, pero puede complicar a espacios amplios, frentes provinciales o coaliciones que necesitan una herramienta institucional para resolver disputas sin romper alianzas.

La reforma también propone cambios en el financiamiento político. El Gobierno busca recortar el peso del aporte estatal en campañas y ampliar el margen de participación privada, con nuevas reglas de control y rendición. En el discurso oficial, la medida apunta a transparentar los recursos que se usan en la competencia electoral. En la práctica, el debate promete ser más áspero: los partidos con menor capacidad económica podrían quedar en desventaja frente a estructuras con mayor llegada a aportantes privados, sectores empresarios o redes territoriales consolidadas.

El tercer eje es Ficha Limpia. La iniciativa establece restricciones para que personas con condenas confirmadas en segunda instancia puedan competir por cargos electivos nacionales. El oficialismo busca instalar ese punto como una bandera de transparencia institucional, aunque la discusión jurídica y política no será sencilla. El peronismo y otros bloques opositores suelen advertir que ese tipo de normas puede quedar atrapado en disputas judiciales atravesadas por intereses electorales, sobre todo cuando la definición de una candidatura depende de tiempos procesales.

La reforma también dialoga con la implementación de la Boleta Única Papel, que ya modificó la dinámica electoral nacional. Ese sistema reduce la centralidad del aparato partidario tradicional, limita la logística de boletas por fuerza política y obliga a campañas más claras en la identificación de candidatos. Para La Libertad Avanza, que creció con una estructura partidaria más liviana que las fuerzas tradicionales, ese terreno resulta favorable. Para los partidos provinciales, el cambio exige mayor precisión territorial y acuerdos anticipados.

En el Congreso, el proyecto abre una negociación de alto voltaje. Milei necesita votos que exceden al bloque libertario y, como en otras reformas, los gobernadores vuelven a ocupar un lugar determinante. La eliminación de las PASO puede seducir a mandatarios provinciales que prefieren ordenar listas desde acuerdos políticos propios, pero el financiamiento privado y Ficha Limpia pueden generar resistencias cruzadas. No todos los bloques leerán la reforma con la misma lógica: algunos mirarán el ahorro, otros el impacto sobre sus coaliciones y otros el efecto directo sobre nombres propios.

En Chubut, el impacto debe leerse con cuidado. La provincia ya eliminó sus PASO para cargos locales, por lo que una eventual reforma nacional no cambiaría de manera automática la elección de gobernador, diputados provinciales, intendentes o concejales. El secretario electoral provincial, Alejandro Tullio, aclaró que el proyecto nacional no tendría incidencia directa sobre el sistema electoral chubutense, porque la provincia cuenta con reglas propias para sus comicios locales.

El verdadero efecto en Chubut estaría en la definición de candidaturas nacionales. Sin PASO, las listas para diputados y senadores nacionales dependerán más de la negociación entre conducciones partidarias, acuerdos provinciales y alineamientos con los armados nacionales. Ese punto toca de lleno a La Libertad Avanza, al PRO, a los sectores que integran Despierta Chubut y al peronismo provincial, que todavía busca ordenar una representación competitiva después de varios ciclos de fragmentación.

Para Ignacio Torres, la discusión abre una ventana política. El gobernador ya se mostró en sintonía con la Boleta Única Papel y con la idea de reducir costos electorales, pero al mismo tiempo necesita preservar margen propio frente a la Casa Rosada. En una provincia donde los acuerdos legislativos, la obra pública, la deuda y la relación fiscal con Nación pesan en la agenda cotidiana, la reforma electoral también funciona como una mesa de negociación indirecta.

La eliminación de las PASO puede ordenar, pero también concentrar poder. Puede reducir gastos, pero también achicar instancias de participación. Puede simplificar el calendario, pero trasladar las internas a despachos, mesas partidarias y acuerdos de cúpula. Esa tensión marcará buena parte del debate parlamentario. Para el Gobierno, la reforma es una pieza institucional de su proyecto de poder. Para las provincias, una oportunidad o una amenaza, según el lugar que cada una ocupe en el tablero nacional.