Reforma laboral y CGT: la disputa que ordena el nuevo conflicto social de Milei

La ley laboral abrió una pulseada judicial, sindical y política, con la CGT en la calle y el Gobierno decidido a sostenerla.

La reforma laboral quedó instalada como uno de los principales campos de tensión entre Javier Milei y el movimiento obrero organizado. La Ley de Modernización Laboral N° 27.802 fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026 y modifica aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellos jornada, indemnizaciones, vacaciones, período de prueba, servicios esenciales y funcionamiento de la justicia laboral. Para el Gobierno, la norma apunta a bajar costos, ordenar la litigiosidad y facilitar la contratación formal. Para la CGT, en cambio, el texto altera el equilibrio tradicional entre empleadores, sindicatos y trabajadores.

Uno de los puntos más sensibles es la organización del tiempo de trabajo. La ley habilita regímenes de compensación de horas extraordinarias, banco de horas y francos compensatorios, siempre por escrito y con mecanismos de control. También permite calcular la jornada por promedio, con descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales. En términos políticos, ese artículo concentra buena parte del rechazo gremial porque impacta sobre las horas extra, un componente fuerte del ingreso en transporte, industria, comercio, petróleo y servicios.

El capítulo indemnizatorio también quedó en el centro de la discusión. La norma mantiene la base de un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor de tres meses, pero redefine qué conceptos entran en el cálculo y habilita que los convenios colectivos sustituyan el régimen por un fondo o sistema de cese laboral, con costo a cargo del empleador. Para sectores empresarios, ese esquema reduce incertidumbre. Para la CGT, abre la puerta a una pérdida de protección frente al despido.

La reforma además amplía zonas consideradas sensibles ante medidas de fuerza. El texto enumera servicios esenciales y actividades de importancia trascendental, entre ellas transporte, comercio exterior, industria alimenticia, servicios bancarios, hotelería, gastronomía, comercio electrónico y producción vinculada a compromisos de exportación. En esos casos exige preaviso y servicios mínimos. Esa redacción preocupa al sindicalismo porque puede limitar la eficacia de paros en sectores estratégicos.

La reacción de la CGT tomó dos caminos: calle y tribunales. El 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, la central marchó a Plaza de Mayo bajo la consigna de defensa del empleo y rechazo a la reforma. Allí, Octavio Argüello expresó: “se acabó la paciencia”, una frase que marcó el tono de una conducción que busca mostrar volumen político sin romper por completo los canales institucionales. La protesta dejó abierta la posibilidad de una nueva escalada, incluso con paro general.

El frente judicial es decisivo. La CGT acudió a la Corte Suprema para discutir qué fuero debe revisar los planteos de inconstitucionalidad. Su estrategia apunta a que el caso quede en la Justicia del Trabajo y no en el fuero Contencioso Administrativo Federal. La disputa no es menor: el Gobierno también busca avanzar sobre el traspaso de competencias laborales al ámbito porteño, una medida que los sindicatos leen como un recorte de influencia histórica en un fuero clave para los conflictos laborales.

En paralelo, un fallo reciente devolvió vigencia a 83 artículos de la reforma que estaban bajo discusión judicial. Ese movimiento reactivó cambios sobre banco de horas, vacaciones, indemnizaciones y distribución flexible de la jornada. La señal para el mercado fue clara: el Gobierno recuperó margen normativo. La señal para la CGT también: la pelea legal seguirá abierta y probablemente termine en la Corte.

Los datos laborales explican por qué la discusión prendió con fuerza. La Secretaría de Trabajo informó que en enero de 2026 el país registraba 12,85 millones de trabajadores formales, con 6,19 millones de asalariados privados y un salario promedio del sector privado de $2.112.210, con suba interanual del 32,2%. La Encuesta de Indicadores Laborales de febrero mostró una variación mensual negativa del empleo de 0,2% en aglomerados relevados.

A ese cuadro se suma el dato del INDEC: la desocupación se ubicó en 7,5%, con tasa de actividad de 48,6%, empleo de 45% y subocupación de 11,3%. La cifra no expresa por sí sola toda la tensión del mercado laboral, porque Argentina conserva un alto nivel de informalidad y pluriempleo. Pero funciona como telón de fondo para una reforma que el oficialismo presenta como herramienta de formalización y que el sindicalismo denuncia como precarización legalizada.

La Casa Rosada no muestra intención de abrir una mesa formal con la central obrera. Según fuentes oficiales citadas por TN, el Gobierno descarta por ahora tender puentes con la CGT y prepara para el segundo semestre una reforma sindical, con capítulos que quedaron afuera de la ley laboral. Esa hoja de ruta confirma que el conflicto no termina en la reglamentación: el oficialismo busca discutir financiamiento, estructura y funcionamiento de las organizaciones gremiales.

En Chubut, la discusión tomó volumen propio. En Puerto Madryn, la CGT Regional Valle Inferior del Río Chubut-Puerto Madryn leyó un documento en el acto del 1° de Mayo, en la intersección de Roca e Yrigoyen. Mónica Balmaceda, secretaria general de SADOP, sostuvo que la ley “ataca las indemnizaciones, extiende el período de prueba, limita el derecho a huelga” y vinculó el reclamo nacional con los conflictos estatales provinciales.

También en Trelew, el Sindicato de Empleados de Comercio llevó la reforma al Congreso de delegados. Alfredo Béliz planteó que la norma “no baja la inflación ni mejora la economía” y advirtió por el impacto de la caída del consumo en comercios y servicios. Del lado empresario, en Puerto Madryn, el vicepresidente de CIMA, Guillermo López, defendió que la reforma puede ordenar prácticas existentes y ayudar a regularizar empleo informal; desde la UOM, Marcelo Arrivillaga la calificó como una “estafa” para los trabajadores.

La reforma laboral, entonces, no solo cambia normas. Reordena actores. El Gobierno la exhibe como parte de su programa económico; la CGT la convierte en bandera de resistencia; los empresarios la observan como una chance de previsibilidad; y en provincias como Chubut, donde pesan petróleo, comercio, pesca, industria y empleo público, el debate baja rápido al salario, la jornada y la capacidad real de protesta.