La censura sobre las inundaciones en Tíbet impide conocer el alcance real de la tragedia

Las imágenes de una enorme corriente de agua, hielo, barro y rocas que destruyó el paso fronterizo de Gyirong circularon fuera de China desde el miércoles 26 de agosto. Sin embargo, el video captado por cámaras de seguridad desapareció rápidamente de las plataformas digitales accesibles dentro del país. Hasta el sábado 29, las autoridades chinas informaron siete muertos y 554 desaparecidos en el condado tibetano, aunque el balance permanecía sujeto a cambios por las dificultades para llegar a los sectores más castigados. La catástrofe también golpeó con fuerza a Nepal, donde se registraron centenares de fallecidos y más de 2.400 personas sin localizar. La diferencia entre ambos lados de la frontera quedó expuesta en la cantidad y la calidad de la información pública disponible.

La televisión estatal china concentró gran parte de su cobertura en las instrucciones del presidente Xi Jinping y en el despliegue de rescatistas, vehículos, perros y maquinaria pesada. Las primeras informaciones oficiales indicaron que el desastre cortó carreteras y comunicaciones. Además, una acumulación de agua provocada por los desprendimientos obligó a suspender temporalmente las tareas ante el riesgo de otra inundación. Xi encabezó el viernes 28 una reunión del liderazgo del Partido Comunista para coordinar la respuesta. El primer ministro Li Qiang viajó a Gyirong y pidió acelerar la búsqueda, atender a los heridos y verificar la identidad de los desaparecidos, entre quienes había turistas y peregrinos extranjeros que regresaban de la zona del monte Kailash.

Pese al operativo oficial, casi no surgieron testimonios directos de residentes tibetanos, familiares o sobrevivientes. La cadena australiana ABC constató que publicaciones de medios chinos pequeños, incluidas entrevistas con testigos, fueron retiradas pocas horas después de aparecer. También informó que corresponsales extranjeros solicitaron autorización para viajar a la región, pero Pekín rechazó los pedidos. Las restricciones no son nuevas: los periodistas internacionales necesitan un permiso especial para ingresar al Tíbet y rara vez pueden recorrer la región sin supervisión. Ese sistema impide contrastar de manera independiente las cifras oficiales, identificar las localidades afectadas y establecer si todavía existen comunidades sin asistencia. Las rutas destruidas y las malas condiciones meteorológicas agravan una situación atravesada por el control político de la información.

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La Campaña Internacional por el Tíbet sostuvo, a partir de fuentes propias en la región, que las autoridades eliminaron videos y registros de primera mano publicados en redes sociales chinas. La organización pidió información completa y verificable sobre víctimas y daños, además de acceso para periodistas y organismos humanitarios. También advirtió que el temor a sanciones desalienta a los habitantes a compartir datos sobre personas atrapadas o zonas que necesitan ayuda. La denuncia provino de una organización crítica del gobierno chino y requiere atribución, aunque coincide con lo observado por medios internacionales sobre la desaparición de contenidos. Pekín rechaza las acusaciones de abusos en Tíbet y presenta sus inversiones en infraestructura, turismo y servicios como prueba del desarrollo regional.

El contraste con Nepal fue marcado. Las autoridades nepalesas difundieron listados de extranjeros desaparecidos, ofrecieron actualizaciones periódicas y permitieron que periodistas entrevistaran a sobrevivientes y familiares, aunque varias áreas seguían aisladas. En el lado tibetano, la comunicación quedó concentrada en organismos estatales y partes oficiales sobre el rescate. Equipos profesionales recién alcanzaron por tierra el núcleo destruido del paso de Gyirong el viernes 28, después de atravesar caminos bloqueados por barro y desprendimientos. Durante la madrugada del sábado rescataron con vida a dos pobladores cerca del complejo fronterizo, pero no encontraron sobrevivientes dentro del edificio principal, que quedó arrasado. Las autoridades también advirtieron sobre lluvias y bajas temperaturas que podían complicar las búsquedas durante los días siguientes.

El control informativo en Tíbet tiene una dimensión política. La región permanece bajo administración china desde la década de 1950 y Pekín considera separatistas a los movimientos que reclaman mayor autonomía o independencia. La vigilancia sobre monasterios, activistas y comunicaciones digitales se intensificó durante períodos de tensión o emergencia. En una catástrofe, ese esquema no solo limita el escrutinio sobre la respuesta estatal: también puede demorar noticias destinadas a familias, socorristas y comunidades aisladas. Las autoridades chinas mostraron preocupación con el envío de altos funcionarios y cientos de efectivos, pero la falta de voces independientes dejó preguntas abiertas sobre la cantidad real de víctimas, el alcance de los daños y la situación de quienes seguían desaparecidos. Mientras continuó la búsqueda, la tragedia permaneció visible en el exterior y fragmentada dentro de China.