AABE impulsa subastas electrónicas y ventas directas para activos estatales

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) publicó la Resolución 111/2026 en el Boletín Oficial y modificó el régimen de venta de bienes muebles del Estado. La norma amplió las modalidades de comercialización para acelerar la desinversión de activos públicos y reducir costos de depósito y mantenimiento. A partir de su entrada en vigor, la AABE podrá convocar empresas privadas para organizar subastas electrónicas y gestionar ventas directas cuando los bienes no superen un umbral de valuación o hayan quedado sin ofertas en procesos anteriores. La medida regirá para procedimientos autorizados después de su publicación y busca optimizar plazos administrativos. Con la resolución, el organismo buscó simplificar trámites y habilitar canales digitales que permitan liquidar stock ocioso del Estado con mayor celeridad y menor costo logístico.

El alcance de la resolución incluye un abanico amplio de activos: automotores de distinto porte, maquinaria pesada, camiones, motos, embarcaciones, aeronaves, equipos industriales, material de seguridad, equipamiento militar, obras de arte, libros y bienes decomisados o declarados en desuso. La AABE unificó el límite para aplicar mecanismos ágiles en 400 módulos, equivalente actualmente a aproximadamente $16 millones por bien. Definió que aquellos bienes tasados por debajo de ese tope o que hayan registrado dos subastas desiertas podrán ofrecerse mediante venta directa a través de plataformas privadas seleccionadas por licitación. Esta regla busca priorizar procedimientos ágiles para lotes de menor valor y permitir que bienes repetidamente no vendidos vuelvan al circuito comercial con mayor facilidad.

El nuevo esquema mantendrá condiciones competitivas: la normativa obliga a pasar a subasta electrónica cualquier operación que, durante la publicación del bien, registre dos o más interesados. Además, se endurecieron los requisitos documentales para bienes registrables; en el caso de vehículos exigirá título de propiedad, informe de dominio, constancia del estado de deudas, documentación registral y verificación policial. La intención oficial fue evitar ventas por debajo del valor contable y asegurar tasaciones respaldadas por organismos especializados cuando la naturaleza del activo lo requiera. Para casos complejos, la AABE estableció la obligación de recurrir a valuadores con experiencia reconocida y a registros oficiales que respalden las cotizaciones.

Hasta ahora, las subastas estatales se canalizaron mayormente a través de la plataforma SUBAST.AR. La resolución abre la puerta a proveedores privados con experiencia en remates digitales para operar en paralelo. Menciona compañías que suelen trabajar en el mercado de subastas electrónicas, aunque su participación dependerá de la posterior licitación pública. El objetivo operativo fue dinamizar un volumen elevado de bienes de bajo o mediano valor individual, descomprimir depósitos estatales y ampliar la base de potenciales compradores mediante canales digitales que ofrezcan alcance y trazabilidad.

El desafío práctico será garantizar transparencia y valores de referencia adecuados en cada venta. La AABE estableció que ningún bien se podrá ofrecer por debajo de su valor contable y previó mecanismos de valuación cuando corresponda. Expertos consultados por este medio señalaron la necesidad de controles adicionales sobre tasadores, plazos de publicación y acceso público a información sobre los lotes. El organismo también deberá publicar criterios de selección de plataformas privadas y garantías técnicas para evitar exclusiones del mercado y conflictos de interés en la gestión de remates digitales. Esas medidas resultan claves para sostener la confianza de compradores y garantizar que el proceso sea competitivo y trazable.