Qué papel juega Estados Unidos en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio

El 24 de junio de 2026 Venezuela sufrió dos terremotos fuertes que afectaron especialmente a los estados del norte y dejaron miles de muertos y decenas de miles de desplazados. Desde las primeras 24 horas, Estados Unidos movilizó un operativo logístico masivo con aviones C-17, helicópteros CH-47, aeronaves MV-22 Osprey, buques de la Armada y equipos de búsqueda y rescate, además de personal médico y de ingeniería para evaluar daños en infraestructuras críticas. El Departamento de Estado informó sobre envíos de kits de refugio, higiene y lonas y detalló la creación de un puente aéreo humanitario con actores privados para llevar asistencia desde Miami a Maiquetía. Estas acciones se concentraron desde el inicio en salvar vidas y en asegurar rutas de llegada para la ayuda.

La intervención estadounidense se concentró en la logística: la habilitación de pistas y el control del tráfico en el aeropuerto internacional de Maiquetía facilitaron la llegada de toneladas de ayuda y la coordinación del reparto en tierra. El Comando Sur explicó que sus tropas y medios permanecerían mientras “sigan siendo necesarios” y que además apoyaron operaciones en el puerto de La Guaira, donde atracó el USS Fort Lauderdale. Analistas y organismos de salud regional señalaron que la magnitud del desastre exigió millones de dólares para la recuperación y que la capacidad de transporte y movimiento de carga de EE.UU. resultó determinante en la fase inicial, tanto para suministro médico como para reponer infraestructura básica.

A pesar del volumen de asistencia, el papel de Washington generó críticas y dudas políticas. Fotos y encuentros públicos del jefe del Comando Sur, Francis Donovan, y del encargado de negocios en Caracas, John Barrett, con autoridades venezolanas como Diosdado Cabello provocaron suspicacias, porque EE.UU. mantiene órdenes y recompensas por delitos vinculados a ese dirigente. Además, expertos señalaron que la cifra aportada por Estados Unidos, comparada con los ingresos petroleros bajo control estadounidense, planteó cuestionamientos sobre la proporción entre recursos movilizados y la magnitud de las necesidades. Las discusiones públicas combinaron alivio por la ayuda y recelo por posibles objetivos geopolíticos.

En lo operativo, la Casa Blanca y agencias internacionales canalizaron fondos hacia ONG, la Cruz Roja y agencias de la ONU como Unicef y el Programa Mundial de Alimentos para distribuir asistencia en terreno. Organizaciones locales y de transparencia monitorearon donaciones y situaron a Estados Unidos entre los mayores contribuyentes, aunque los montos variaron según los recuentos: entre 300 y más de 380 millones de dólares en las primeras semanas del desastre. Encuestas locales mostraron confianza ciudadana en la capacidad estadounidense para aportar en la emergencia, pese a la desconfianza hacia otras potencias y a los debates sobre cómo se administraron y fiscalizaron esos recursos.

El futuro inmediato incluye tareas de estabilización y muchas preguntas sobre la reconstrucción política y económica. Autoridades internacionales, agencias sanitarias y multilaterales alertaron sobre necesidades en salud, agua, saneamiento y viviendas temporarias y advirtieron que la fase de reconstrucción requerirá fondos mucho mayores que la ayuda inicial. En Venezuela, la recepción de apoyo internacional se desarrolló en un contexto político complejo: la coordinación con el gobierno interino y con actores locales seguirá bajo escrutinio y con controles de transparencia solicitados por organizaciones civiles. Las decisiones sobre control de recursos y rendición de cuentas marcarán cómo evolucione la cooperación estadounidense.