Cáceres acorraló a Merino: quiere saber quién paga la encuesta política que está recorriendo los barrios
Tan “vecinal” era la encuesta que terminó midiendo a medio arco político.
Tras una publicación de VibraNews que reveló que trabajadores identificados con indumentaria municipal realizan una encuesta que también mide la imagen de dirigentes políticos, el concejal Rubén Cáceres reclamó explicaciones al Ejecutivo de Trelew y pidió conocer quién ordenó y quién financia el operativo.
La publicación de VibraNews generó la primera reacción política sobre el relevamiento que recorre distintos barrios de Trelew. La encuesta combina preguntas sobre servicios, obras y necesidades vecinales con consultas destinadas a medir la imagen de Milei, Torres, Merino y dirigentes locales. Frente a esto, Cáceres reclamó que el Ejecutivo informe “quién dispuso el operativo, qué áreas intervinieron, qué personal participó, con qué presupuesto se financió y qué destino tendrán los datos recolectados”.
El concejal sostuvo que relevar las necesidades de los vecinos es una herramienta legítima, pero marcó un límite si detrás del operativo aparecen recursos públicos destinados a obtener información política. “Si junto con ese relevamiento se consultó sobre la imagen de funcionarios y dirigentes políticos, corresponde aclarar si se utilizaron recursos públicos, personal municipal o logística del Estado para fines ajenos al interés general”, expresó. El planteo encuentra además puntos de contacto con la Ordenanza 12.300 de Ética Pública y con la Ordenanza 12.208, que impide utilizar facultades propias de la función municipal “para realizar proselitismo o acción política”.
Otro punto sensible es el manejo de los datos. La Ley Nacional 25.326 considera las opiniones políticas como datos sensibles y establece condiciones especiales para su tratamiento. La cuestión adquiere mayor relevancia porque en la planilla conocida públicamente aparecen campos para domicilio y teléfono, por lo que deberá establecerse si esa información queda vinculada con las respuestas políticas y quién tendrá acceso a los datos recolectados.
La Carta Orgánica de Trelew y la Ordenanza de Contabilidad 6.370 también establecen que los recursos municipales deben utilizarse para el bien común y respetando la finalidad para la cual fueron presupuestados. Cáceres evitó afirmar que exista una ilegalidad y reclamó que sea el Ejecutivo quien despeje las dudas: “La transparencia fortalece las instituciones. Sin prejuzgar, el Concejo Deliberante debe ejercer el control que corresponde y garantizar que los recursos municipales se utilicen exclusivamente para fines públicos”.

