Menem rechazó una intervención estatal ante el endeudamiento familiar y dijo que la mora comenzó a bajar
Martín Menem defendió la respuesta oficial y la oposición prepara una sesión especial con cerca de 50 proyectos de alivio.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rechazó que el Estado deba intervenir para asistir a las familias con dificultades para pagar sus créditos y aseguró que la morosidad comenzó a retroceder. “No creemos que sea necesario que el Estado intervenga, cada vez que el Estado intervino en algo las cosas terminaron peor”, afirmó el dirigente de La Libertad Avanza. Sus declaraciones se conocieron mientras distintos bloques opositores preparan una sesión especial para debatir proyectos sobre refinanciación de deudas, intereses punitorios, embargos y condiciones aplicadas por bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros proveedores financieros.
Menem atribuyó parte de la suba de las tasas y los incumplimientos a la inestabilidad política que, según planteó, generaron los sectores más duros de la oposición. También acusó a esos espacios de buscar “algún efecto desestabilizador” mediante el tratamiento del problema en el Congreso. El titular de Diputados sostuvo que la salida debe apoyarse en una reducción de las tasas, mayor previsibilidad y educación financiera, y no en programas generales de rescate financiados por el sector público. Como ejemplo de una respuesta dentro del sistema bancario, mencionó las herramientas de refinanciación que ofreció el Banco Nación a clientes con obligaciones vencidas.
Los últimos datos publicados por el Banco Central muestran una leve mejora mensual, aunque la mora familiar permanece en niveles elevados. En junio de 2026, el indicador de irregularidad de las financiaciones a los hogares se ubicó en 12,8%, mientras que el correspondiente a empresas llegó al 3,5%. La mora total del crédito al sector privado bajó del 7,7% al 7,6% respecto de mayo. El organismo explicó esa variación por una desaceleración del crecimiento real de la cartera irregular y un aumento del volumen total de préstamos. La baja fue acotada y todavía no permite establecer por sí sola una tendencia sostenida de recuperación.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina, elaborado con datos del Banco Central y de la Central de Deudores, estimó que en junio existían 20,96 millones de personas con deudas registradas entre bancos y proveedores no financieros. De ese universo, 5,91 millones presentaban algún grado de morosidad. El estudio calculó que la irregularidad combinada de las familias rondaba el 15,5% y señaló una situación más delicada entre los usuarios de billeteras virtuales y otras firmas crediticias no bancarias. En ese segmento, la mora alcanzó el 30,1%, frente al 12,8% registrado en las entidades financieras tradicionales.
La discusión llegó al recinto la semana pasada, cuando la oposición intentó incorporar al temario un conjunto de iniciativas sobre endeudamiento y morosidad. La moción reunió 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones. No alcanzó la mayoría especial necesaria para apartarse del reglamento, pero superó los 129 legisladores requeridos para abrir una sesión. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas y bloques provinciales acordaron pedir una convocatoria para el 9 de septiembre, con el objetivo de emplazar a las comisiones y fijar plazos para debatir los expedientes.
La agenda opositora reúne cerca de 50 proyectos con alcances diferentes. Entre las propuestas aparecen planes de refinanciación, quitas de intereses punitorios, límites para evitar que las cuotas absorban una porción excesiva de los ingresos, suspensión temporal de embargos y regulaciones para las prácticas de cobranza. Otras iniciativas plantean recuperar créditos de la Anses o crear mecanismos públicos para unificar obligaciones. El oficialismo convocó a una reunión informativa de la Comisión de Finanzas, pero mantiene su rechazo a una intervención amplia. La disputa combinará dos discusiones: la magnitud del deterioro financiero de los hogares y el papel que debe asumir el Estado frente a los incumplimientos.
