El costo de no alinearse con Torres, el mecanismo financiero que denunció Biss y que asfixia la economía de la capital

Damián Biss denunció que las decisiones del Gobierno de Ignacio Torres le costaron $4.300 millones a la capital en dos años. Mientras la Provincia mantiene pagos pendientes y concede asistencia extraordinaria a otros municipios, Rawson enfrenta un creciente endeudamiento previsional. El intendente advirtió que las diferencias políticas están repercutiendo sobre las finanzas de la ciudad.

El intendente Damián Biss expuso el mecanismo de fuga financiera que está comprometiendo las cuentas de Rawson y apuntó directamente a las decisiones del Gobierno provincial. El incremento de las alícuotas destinadas al Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), sumado a la caída de ingresos municipales, profundizó las dificultades económicas de la capital. Las cifras presentadas durante la conferencia reflejan la dimensión del problema. En 2024, las obligaciones con el organismo representaban el 56% de la coparticipación municipal; en 2025 ascendieron al 71,81% y para 2026 la proyección alcanza el 73,3%. Por cada 100 pesos de coparticipación, más de 73 equivalen a compromisos previsionales y de obra social. Según Biss, el impacto acumulado del incremento de las alícuotas asciende a $4.300 millones en dos años, una cifra equivalente a casi tres meses de salarios municipales.

El circuito que multiplica la deuda

El mecanismo presenta una particularidad institucional. La Provincia participa en la distribución de la coparticipación, impulsó el aumento de las contribuciones y designa a la presidencia y parte del Directorio del ISSyS, organismo autárquico que administra los recursos previsionales y de la obra social. De esta manera, decisiones adoptadas desde el poder provincial repercuten directamente sobre el dinero disponible para el funcionamiento de los municipios.

OTRA CLAVEUna encuesta proyectó un empate entre Milei-Bullrich y Kicillof-Massa para 2027→

Para Rawson, la consecuencia es una presión financiera creciente. La Municipalidad debe afrontar mayores obligaciones mensuales, refinanciar compromisos anteriores y sostener los servicios con una recaudación debilitada. Biss reconoció que la deuda con el ISSyS ronda los $3.000 millones y cuestionó que una medida presentada originalmente como extraordinaria continúe proyectándose para 2027. A este escenario se agregan los impuestos que, según denunció, la Provincia adeuda por sus inmuebles y vehículos oficiales, además de la reducción de subsidios que obligó al Municipio a destinar recursos propios al transporte y otros servicios.

La diferencia con Puerto Madryn

La comparación con otros municipios expone también una cuestión política. El Gobierno de Ignacio Torres acordó con Puerto Madryn una reparación histórica estimada en $65.000 millones, parte de cuyos recursos se destinaría a regularizar obligaciones de esa ciudad con el ISSyS. Rawson, en cambio, continúa reclamando una compensación por su condición de capital provincial y sede de los poderes del Estado. Biss sostuvo que otras administraciones reciben aportes extraordinarios y acuerdos de asistencia financiera que no llegan de la misma manera a su municipio.

La pregunta es cuándo llegará una reparación histórica para Rawson, una ciudad que concentra buena parte de la estructura administrativa provincial y afronta las responsabilidades que esa condición implica. El reconocimiento de esas obligaciones debería trascender las diferencias partidarias, independientemente de quién gobierne la Municipalidad o la Provincia.

La disputa política que termina pagando la ciudad

El deterioro financiero ya repercute sobre trabajadores y jubilados. Rawson debió escalonar el pago de salarios, mientras los pasivos municipales denunciaron demoras en las actualizaciones de sus haberes. Durante la conferencia, Biss vinculó las dificultades de la capital con el distanciamiento político respecto del Gobierno de Torres y cuestionó el tratamiento económico que recibe la ciudad. “Yo creo que sería un error garrafal querer asfixiar a un municipio porque no está alineado políticamente”, advirtió.

La declaración traslada el conflicto a un terreno especialmente delicado. Si las diferencias entre dirigentes comienzan a condicionar los recursos destinados al funcionamiento municipal, las consecuencias dejan de limitarse a una disputa institucional. Los salarios, las jubilaciones, las obras y los servicios públicos pasan a quedar expuestos a decisiones que afectan directamente la economía de los vecinos. En una provincia que se encamina hacia las elecciones de 2027, el costo político de esa situación tampoco debería subestimarse. Los chubutenses distinguen las responsabilidades del Gobierno provincial de las municipales y pueden reconocer cuándo una decisión adoptada desde otro nivel del Estado repercute sobre su bolsillo.

El enfrentamiento entre Torres y Biss plantea así una discusión que excede la administración de las cuentas públicas. Si el acceso a recursos y asistencia financiera termina dependiendo del alineamiento político de cada intendente, la autonomía municipal queda condicionada por decisiones ajenas a las necesidades de sus habitantes. Las diferencias electorales podrán resolverse en las urnas, pero una ciudad no debería pagar con endeudamiento, dificultades salariales y restricciones presupuestarias el costo de una disputa entre gobiernos.