El Gobierno actualizó los subsidios a colectivos del AMBA y pagará casi $38.841 millones

El Gobierno nacional aprobó una nueva estructura de costos para los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y autorizó una transferencia de $38.840.841.807 a las empresas. El monto corresponde al diferencial de recaudación acumulado entre junio y septiembre de 2026. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 80/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes 2 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma también fijó los cálculos y las compensaciones tarifarias para octubre, noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. Los valores del primer mes del próximo año continuarán vigentes hasta que el área nacional apruebe una nueva revisión de costos.

Las compensaciones mensuales requeridas por el sistema nacional superarán los $101.000 millones durante todo el período. El cálculo estableció $101.728 millones para octubre, $101.549 millones para noviembre, $101.753 millones para diciembre y $103.725 millones para enero. La actualización contempla salarios de choferes, combustibles, seguros, vigilancia, peajes, mantenimiento y valor del parque móvil, entre otros componentes de la operación. También incorpora el acuerdo paritario alcanzado el 22 de julio y homologado en agosto, junto con previsiones salariales hasta enero. La resolución llegó después de que cuatro cámaras empresarias reclamaran una recomposición de los ingresos y advirtieran sobre una posible reducción de frecuencias, principalmente durante la noche.

Las cámaras CETUBA, CTPBA, CEAP y CEUTUPBA plantearon durante octubre que el esquema vigente no cubría los gastos necesarios para mantener los servicios. Entre los reclamos empresariales figuraba una diferencia cercana a $40.000 millones, cifra similar al pago retroactivo aprobado por Transporte. El conflicto alcanzaba a 104 líneas nacionales del AMBA, cuyos recorridos conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios bonaerenses. Luego de varias reuniones, funcionarios y representantes del sector acordaron una suba de entre 10% y 15% en las compensaciones. La nueva resolución trasladó ese entendimiento a las planillas oficiales y buscó evitar recortes de servicios o una nueva modificación inmediata del boleto pagado por los pasajeros.

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Una de las principales modificaciones técnicas consiste en reconocer dentro de la estructura de costos las inversiones vinculadas con colectivos a GNC y eléctricos. La metodología suma la amortización de obras para instalar estaciones de abastecimiento o recarga y el costo financiero de comprar o reconvertir unidades. Transporte sostuvo que la comparación entre tecnologías no puede limitarse al precio del gasoil, el gas o la electricidad, sino que debe considerar el costo total por kilómetro, el rendimiento, el mantenimiento y la infraestructura necesaria. Según datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte difundidos con la medida, el parque nacional del AMBA cuenta con 6.855 colectivos: 33 funcionan con GNC y apenas tres son eléctricos.

El costo técnico por kilómetro también muestra una trayectoria ascendente. Para las líneas clasificadas como Suburbana Grupo I, el valor sin IVA pasó de $4.223,63 en octubre a una proyección de $4.881,37 para enero de 2027. Cuando se consideran todos los servicios urbanos e interprovinciales comprendidos, el promedio del sistema sube desde $3.976,32 hasta $4.589,56 por kilómetro durante el mismo período. Esos números reflejan el costo reconocido por la administración para sostener la operación y no equivalen al precio directo del boleto. La diferencia entre el ingreso tarifario y el costo calculado se cubre mediante compensaciones estatales, cuya distribución depende de variables operativas, recaudación registrada y kilómetros efectivamente prestados por cada empresa.

Los fondos saldrán del Sistema Integrado de Transporte Automotor, financiado con recursos provenientes de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, además de partidas presupuestarias transferidas al fideicomiso administrado por el Banco Nación. La resolución también eliminó un anexo que detallaba el financiamiento por jurisdicción. El área técnica consideró que ese desglose perdió objeto porque la metodología aprobada corresponde por completo a las líneas nacionales, mientras la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires aplican cálculos propios para los servicios bajo su órbita. La decisión vuelve a marcar la diferencia entre el esquema del AMBA y el transporte urbano del interior, donde las provincias y municipios afrontan una porción central del financiamiento y definen sus propias políticas tarifarias.