La oposición busca firmas para llevar el DNU 70/2023 al recinto de Diputados

El fallo de la Corte Suprema que dejó operativo el artículo 154 del DNU 70/2023 reactivó en la Cámara de Diputados las gestiones opositoras para tratar el decreto completo. La diputada Myriam Bregman reclamó una sesión especial y sostuvo que todavía faltaba reunir las diez firmas exigidas por el reglamento para formalizar el pedido. La iniciativa surgió después de que el máximo tribunal revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que declaró inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La decisión judicial no analizó la validez de fondo del decreto, sino que cuestionó la legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata para impulsar una acción colectiva sobre el tema.

La ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, establecía límites para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales. Entre otras disposiciones, fijaba un techo del 15 por ciento en el territorio nacional y en cada provincia, municipio o división equivalente. También determinaba que las personas o empresas de una misma nacionalidad no podían concentrar más del 30 por ciento de ese cupo y establecía un máximo de mil hectáreas en la denominada zona núcleo, o su superficie equivalente en otras regiones. El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó ese régimen. Tras la revocación del fallo de la Cámara Federal platense, esa parte del decreto volvió a quedar plenamente operativa mientras continúa la discusión política y judicial.

Bregman planteó que el objetivo inmediato es alcanzar el número mínimo de adhesiones para solicitar la sesión y exponer la posición de cada bloque. El reglamento de Diputados permite pedir una sesión especial mediante una presentación escrita de diez o más legisladores, aunque luego se necesita reunir el quórum de 129 miembros para abrir el debate. Según explicó el periodista Leandro Bravo en el programa Ronda de Investigación, las conversaciones involucran a sectores opositores y diputados vinculados con gobernadores que acompañaron al Gobierno en distintas votaciones. Bravo también señaló que los promotores de la iniciativa apuestan a la presión de organizaciones sociales, inquilinos, estudiantes, jubilados y otros sectores alcanzados por las reformas incluidas en el decreto.

OTRA CLAVEEl costo de no alinearse con Torres, el mecanismo financiero que denunció Biss y que asfixia la economía de la capital→

El DNU 70/2023 ingresó al Congreso después de su publicación en diciembre de 2023 y el Senado lo rechazó el 14 de marzo de 2024, con 42 votos negativos, 25 afirmativos y cuatro abstenciones. Sin embargo, el decreto continuó vigente porque la ley 26.122 establece que ambas cámaras deben rechazarlo expresamente para dejarlo sin efecto. Diputados todavía no completó ese trámite. Si la oposición consiguiera quórum y una mayoría para rechazarlo, la decisión se sumaría a la del Senado y provocaría la pérdida de vigencia de las disposiciones que aún permanecen activas. El eventual tratamiento excedería la cuestión de las tierras, ya que el texto original introdujo numerosas desregulaciones y derogaciones en distintas áreas económicas.

El escenario parlamentario permanece abierto porque, hasta este miércoles 30 de septiembre, no se confirmó la presentación formal de una convocatoria con las diez firmas necesarias ni una fecha para la eventual sesión. La discusión también enfrenta a espacios con posiciones diferentes sobre el alcance del fallo: desde la oposición cuestionaron que la derogación eliminara los controles específicos sobre la propiedad rural extranjera, mientras el Gobierno defendió desde 2023 su programa de desregulación. El registro oficial, actualizado por última vez en agosto de 2025, indicaba que ninguna provincia superaba el límite del 15 por ciento previsto por la ley derogada. El debate que buscan impulsar los opositores definirá ahora si Diputados convierte el rechazo previo del Senado en una decisión definitiva sobre el DNU completo.