Máximo Kirchner propuso auditar el RIGI y gobernadores rechazaron generar incertidumbre

La propuesta de Máximo Kirchner de auditar uno por uno los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones abrió una disputa dentro del peronismo y provocó respuestas de mandatarios provinciales. El diputado nacional planteó el 14 de octubre que una eventual administración peronista debería revisar cómo se aprobaron las iniciativas durante el gobierno de Javier Milei. Definió al RIGI como “casi un estatuto de coloniaje” y cuestionó la amplitud de sus ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias. Sin embargo, aclaró que los proyectos que cumplieran las condiciones legales conservarían sus beneficios por tratarse de derechos adquiridos. Su argumento apuntó a controlar posibles transferencias de emprendimientos favorecidos y determinar si cada autorización respetó la normativa vigente.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, calificó la propuesta como un “error”, mientras que su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, sostuvo que una revisión planteada en esos términos resulta “totalmente desaconsejable y afecta gravemente la confiabilidad del país”. Ambos distritos concentran proyectos mineros y energéticos que requieren desembolsos elevados y plazos extensos de ejecución. Desde el entorno catamarqueño consideraron, además, que la intervención de Kirchner beneficia políticamente a Milei porque refuerza el discurso oficial sobre la falta de previsibilidad de gobiernos anteriores. La discusión expuso otra diferencia entre el kirchnerismo y los gobernadores peronistas que apoyaron herramientas de promoción para captar capital privado, aunque mantienen cuestionamientos sobre el reparto de beneficios y el impacto fiscal del régimen.

Las respuestas no fueron uniformes. El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, afirmó que los proyectos pueden ser auditados, pero pidió un procedimiento serio y sin utilización partidaria. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, también consideró legítimo controlar el cumplimiento de la ley, aunque advirtió que las autoridades no deben alterar las reglas de juego. Su provincia busca inversiones de gran escala para emprendimientos de cobre, cuyo desarrollo puede demandar años antes de comenzar la producción. La diferencia central quedó planteada entre el control administrativo y una revisión política que pueda derivar en cambios sobre compromisos ya asumidos. Kirchner aseguró que su iniciativa se ubica en el primer terreno, pero sus críticas generales al RIGI alimentaron las dudas de las provincias.

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El régimen nació dentro de la Ley Bases aprobada en 2024 y ofrece estabilidad normativa por 30 años, reducción de impuestos, facilidades aduaneras y acceso gradual a divisas para inversiones de gran escala. En junio de 2026, el Ministerio de Economía informó que existían 41 proyectos aprobados o bajo evaluación, por más de 140.000 millones de dólares y con una proyección cercana a 197.000 empleos directos e indirectos. Cifras posteriores difundidas por el ministro Luis Caputo elevaron el registro a 48 presentaciones, con 30 iniciativas aprobadas por alrededor de 80.000 millones de dólares. Las diferencias responden a las fechas de corte y al estado administrativo de cada expediente. Por eso, los anuncios presentados, las autorizaciones publicadas y las inversiones efectivamente ejecutadas no deben considerarse categorías equivalentes.

La controversia tiene una dimensión concreta para Chubut. La provincia adhirió al RIGI mediante la Ley IX N°171, sancionada el 15 de agosto de 2024 y promulgada once días después. La norma excluyó expresamente las actividades mineras prohibidas por la Ley XVII N°68, pero dejó abierta la herramienta para sectores como hidrocarburos, energías renovables, infraestructura y turismo. Esa adhesión colocó a la provincia dentro del esquema nacional para captar proyectos vinculados con su matriz productiva. Por esa razón, cualquier discusión sobre la continuidad o revisión de los beneficios alcanza a emprendimientos petroleros y energéticos de interés para la región. La cuestión no se limita a una pelea partidaria: involucra empleo, proveedores locales, regalías, compromisos ambientales y condiciones que pueden extenderse durante varias administraciones nacionales y provinciales.

El cruce también anticipó uno de los debates económicos de la campaña presidencial de 2027. El oficialismo presenta al RIGI como una garantía para inversiones que la Argentina no conseguiría bajo el régimen tributario general, mientras sus críticos objetan el costo fiscal, la reducción de exigencias para comprar producción nacional y la cesión de ventajas por tres décadas. La auditoría, por sí misma, no implica cancelar proyectos ni desconocer derechos, pero el alcance político y jurídico que se le otorgue será determinante. Los gobernadores reclamaron preservar la previsibilidad y Kirchner insistió en revisar la legalidad de las aprobaciones. Entre ambas posiciones queda pendiente una discusión más amplia: cómo controlar grandes inversiones, exigir resultados verificables y proteger los intereses públicos sin convertir cada cambio de gobierno en una amenaza sobre contratos vigentes.