Pagano vinculó los despidos en Olivos con negocios del entorno de Karina Milei

La diputada nacional Marcela Pagano presentó su propia explicación sobre la reorganización de la Quinta de Olivos y sostuvo que el conflicto comenzó con la salida de Osvaldo Javier Sosa, hasta entonces responsable de la administración de la residencia presidencial. Según afirmó en un hilo publicado en X durante la madrugada del sábado 19 de septiembre, Javier Milei decidió apartar a Sosa y las restantes desvinculaciones sirvieron para ocultar los motivos de esa medida. La legisladora apuntó contra funcionarios y empresarios vinculados al entorno de Karina Milei, aunque sus acusaciones no fueron confirmadas por el Gobierno ni derivaron, hasta el momento, en información oficial sobre una investigación judicial específica por los hechos que describió.

El Gobierno confirmó doce despidos, una cifra muy inferior a las 200 desvinculaciones mencionadas por Pagano, y anunció que la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de la seguridad y la administración de Olivos. Fuentes oficiales atribuyeron la decisión a una investigación interna por supuestas filtraciones sobre los movimientos del Presidente y su círculo cercano. También señalaron la necesidad de reforzar los controles ante la prevista visita del papa León XIV a la Argentina. El traspaso de responsabilidades y bienes deberá completarse dentro de un plazo máximo de 60 días. La Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, y desde el Ejecutivo aclararon que el cambio no implica que militares realicen todas las tareas civiles de la residencia.

Entre los despedidos quedó Sosa, a quien distintas publicaciones identificaron como cuñado de María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y funcionaria cercana a Karina Milei. Pagano afirmó que Sosa también trabajaba para un servicio de catering perteneciente a la familia Agudiez mientras ocupaba su cargo en Olivos. Como respaldo, publicó imágenes de una póliza de accidentes personales contratada en marzo de 2024 por Analía Victoria Agudiez. El documento difundido incluye a una persona identificada como Osvaldo Sosa entre los asegurados y menciona como beneficiarios a Mara Gorini, Marcelo Dionisio y Foggia Group. La documentación permite observar esos nombres, pero por sí sola no prueba una irregularidad administrativa, un desvío de fondos públicos ni la hipótesis general planteada por la diputada.

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Pagano también sostuvo que Gorini mantuvo vínculos con Foggia Group después de incorporarse al entorno gubernamental y señaló que la empresa participó en actividades relacionadas con recitales, festivales y la disputa por la concesión de Tecnópolis. La legisladora relacionó esa estructura con el catering de la familia Agudiez y preguntó si parte de la carne adquirida para Olivos pudo terminar en eventos privados. Esa pregunta no estuvo acompañada por registros de compras, remitos, facturas u otros documentos que acreditaran un desvío de alimentos. Tampoco surgió una respuesta pública de Agudiez, Gorini o Foggia Group frente a las acusaciones difundidas. Por eso, el eventual destino irregular de insumos debe considerarse una sospecha formulada por Pagano y no un hecho comprobado.

La reorganización también abrió un conflicto gremial. ATE denunció que los doce trabajadores llegaron a sus puestos y no pudieron ingresar, sin recibir explicaciones detalladas sobre las razones de las cesantías. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, indicó que entre los afectados existe personal de jardinería, cocina y administración, mientras Rodolfo Aguiar, titular nacional del sindicato, anunció el estado de alerta y anticipó posibles medidas para reclamar reincorporaciones. El Gobierno mantuvo como explicación central los riesgos vinculados con la seguridad y las filtraciones de información, pero no precisó qué datos se difundieron ni qué responsabilidad atribuyó a cada empleado. Así, la versión oficial, la denuncia sindical y las acusaciones de Pagano dejaron abiertos interrogantes distintos sobre una decisión que modificó el funcionamiento interno de la residencia presidencial.