Córdoba amplía Ingresos Brutos Cero para pymes que inviertan en la provincia

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó un proyecto de Ley de Promoción Industrial Unificada que amplía el acceso de las pequeñas y medianas empresas al régimen de Ingresos Brutos Cero. La propuesta eleva de $3.200 millones a $4.500 millones el límite de facturación anual previsto para ingresar al esquema simplificado. El anuncio se realizó el 2 de septiembre durante el acto por el Día de la Industria, en la sede de la Unión Industrial de Córdoba. La iniciativa todavía necesita la aprobación de la Legislatura provincial, por lo que los beneficios anunciados no entraron en vigencia de manera automática ni alcanzan a todas las empresas por el solo hecho de ubicarse debajo del nuevo tope.

Las pymes interesadas deberán acreditar una inversión en activos fijos equivalente, como mínimo, al 1,2% de la base imponible de Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio anterior. Cumplida esa condición, podrán solicitar la exención mediante un procedimiento simplificado que incluirá una aprobación provisoria automática, diseñada para reducir demoras administrativas. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica cordobés, Fernando Sibilla, explicó que el régimen apunta a facilitar el ingreso de firmas que actualmente enfrentan trámites complejos para acceder a las herramientas de promoción. La eliminación del tributo quedará vinculada de manera directa con la inversión productiva y no funcionará como una reducción general para cualquier contribuyente provincial.

El proyecto también crea un Régimen General destinado a empresas de mayor escala o iniciativas que superen las condiciones del esquema simplificado. Según la propuesta difundida por el Ejecutivo, los proyectos aprobados podrán recibir una exención total durante diez años en Ingresos Brutos, Impuesto a los Sellos e Impuesto Inmobiliario provincial. El acceso requerirá inversiones en activos fijos de entre el 10% y el 20%, de acuerdo con el tamaño de la firma y las características de la iniciativa. También se contemplarán proyectos relacionados con Industria 4.0, automatización, inteligencia artificial, biotecnología y otros procesos orientados a modernizar plantas, aumentar la productividad o transformar materias primas dentro del territorio cordobés.

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Las compañías radicadas en parques industriales o en áreas definidas como prioritarias del Noroeste y Sur-Sur de Córdoba podrán acceder a beneficios fiscales durante un plazo de hasta 15 años. El esquema suma un aporte provincial equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nuevo trabajador registrado que incorporen las empresas comprendidas en el Régimen General. Esa asistencia se extenderá durante un año en los proyectos ordinarios y podrá llegar a dos años para inversiones localizadas en parques industriales o regiones promovidas. La continuidad del aporte quedará ligada a la creación efectiva de empleo formal, uno de los objetivos centrales que el Gobierno provincial presentó para justificar el costo fiscal de la iniciativa.

La nueva norma busca concentrar en un solo texto distintos instrumentos de promoción industrial que Córdoba desarrolló desde 1942. El Ejecutivo sostuvo que la unificación dará mayor previsibilidad y reducirá la burocracia, mientras la Unión Industrial de Córdoba valoró la elaboración conjunta de la propuesta. Su presidente, José María Manuali, planteó que las empresas necesitan reglas claras para ampliar plantas, incorporar tecnología y competir frente a productos del exterior. Llaryora, por su parte, defendió una política provincial que combine alivio tributario con compromisos verificables de inversión y empleo. La efectividad del programa dependerá de su reglamentación, los controles posteriores y la capacidad oficial para determinar si las firmas cumplen las condiciones comprometidas.

Aunque el anuncio fue presentado como una baja de impuestos, el alcance concreto será selectivo: quedarán alcanzadas las industrias que ingresen a alguno de los regímenes y sostengan las inversiones requeridas. Tampoco se trata de una eliminación integral de Ingresos Brutos en Córdoba, sino de una exención asociada a la política de promoción industrial. La discusión legislativa deberá precisar la fecha de aplicación, los sectores habilitados, los mecanismos de fiscalización y el tratamiento de eventuales incumplimientos. Para otras provincias, incluida Chubut, la propuesta cordobesa aporta un antecedente al debate sobre la carga tributaria que enfrentan las pymes, aunque cualquier comparación deberá considerar diferencias productivas, presupuestarias y fiscales entre jurisdicciones antes de evaluar medidas similares.