Puerto Madryn infraccionó a tres empresas por los 750 cajones encontrados en las playas

El municipio identificó el origen de los recipientes pesqueros aparecidos en la costa, aunque las firmas involucradas y las sanciones aplicadas no fueron informadas públicamente.

La Municipalidad de Puerto Madryn identificó a tres empresas vinculadas con los 750 cajones pesqueros encontrados en las playas céntricas de la ciudad y avanzó con las infracciones correspondientes.

El hallazgo se produjo a mediados de julio y obligó a desplegar tareas de recolección en diferentes sectores de la costa. Personal municipal y vecinos participaron del retiro de los recipientes para evitar que el mar volviera a arrastrarlos.

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Diez días después de la aparición de los cajones, el área de Ecología y Medio Ambiente del municipio informó que pudo detectar su origen. Los nombres de las tres empresas no trascendieron públicamente, según publicó Revista Puerto el 24 de julio.

Tampoco se difundieron los montos de las infracciones, el tipo de falta atribuida a cada firma ni el procedimiento utilizado para establecer qué cantidad de cajones correspondía a cada una.

Esas precisiones permanecen bajo la órbita municipal. Por esa razón, no resulta posible determinar con la información disponible si las empresas reconocieron la propiedad de los recipientes, si presentaron descargos o si las sanciones quedaron firmes.

El dato confirmado es que el municipio identificó a tres firmas e inició actuaciones. La investigación se apoyó en los elementos de identificación que presentaban los cajones, utilizados habitualmente por los buques fresqueros para almacenar y trasladar capturas.

El episodio también volvió a poner en discusión la Disposición 4/2023, que continúa vigente. Esa regulación obliga a declarar la cantidad de cajones con la que un buque fresquero es despachado a la pesca y el número con el que regresa al finalizar la marea.

El sistema busca establecer un registro que permita detectar pérdidas durante las operaciones. Si un barco parte con determinada cantidad de recipientes y vuelve con un número menor, la diferencia debe quedar asentada.

La aparición de 750 cajones en la costa adquiere otra dimensión por la magnitud del hallazgo. No se trató de una unidad aislada ni de residuos dispersos de difícil identificación, sino de una concentración que modificó durante varios días el paisaje de las playas urbanas.

Puerto Madryn combina actividad pesquera, operaciones portuarias, turismo y políticas de conservación ambiental. Esa convivencia convierte cualquier residuo proveniente de la industria en un asunto que supera los límites de los muelles.

Los recipientes plásticos pueden desplazarse por acción del mar y el viento, permanecer durante largos períodos en el ambiente y llegar a sectores utilizados por residentes y visitantes. Su retiro también demanda personal, vehículos y recursos municipales.

El antecedente no es completamente nuevo. En octubre de 2025, Puerto Madryn firmó un acuerdo para fortalecer la gestión de residuos pesqueros después de otro hallazgo de cajones en las playas durante agosto de ese año.

La repetición de episodios explica que el municipio busque identificar responsabilidades. También expone la necesidad de coordinar controles entre las empresas, la administración portuaria, la Secretaría de Pesca y las autoridades marítimas.

La Disposición 4/2023 ofrece una herramienta de trazabilidad, pero su efectividad depende de que las declaraciones se realicen y puedan ser contrastadas. El caso de los 750 cajones permitirá evaluar si esos registros resultaron suficientes para determinar el origen del material.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cómo llegaron los recipientes al agua. No está confirmado si cayeron durante una navegación, si se perdieron durante una maniobra portuaria o si existió otra circunstancia.

Tampoco corresponde atribuir intencionalidad a las empresas sin conocer el resultado completo de los expedientes. La identificación de los cajones permite establecer un vínculo con las firmas, pero la responsabilidad administrativa deberá quedar determinada en las actuaciones.

La decisión municipal de infraccionar a tres empresas representa el primer resultado concreto de la investigación. El siguiente paso será conocer si las firmas presentan descargos y qué sanciones dispone finalmente la autoridad local.

El episodio deja nuevamente bajo observación el control de los elementos utilizados por la flota fresquera. También incorpora una demanda de información pública: conocer qué empresas fueron identificadas, qué obligaciones incumplieron y cómo se evitará que una situación similar vuelva a repetirse.

Mientras avanzan los expedientes, la cifra de 750 cajones refleja la escala del problema. La intervención municipal permitió retirarlos de la costa, pero el origen exacto de la pérdida y las responsabilidades definitivas todavía no fueron comunicados.