Los fondos laborales podrían sumar hasta US$2.000 millones anuales al mercado de capitales

La entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), prevista para el 1° de noviembre de 2026, podría generar una nueva corriente de recursos hacia el mercado financiero argentino. Referentes de agentes de liquidación y compensación estimaron que el sistema movilizaría cerca de US$2.000 millones por año, aunque se trata de una proyección privada que dependerá del nivel de empleo registrado, las remuneraciones y el cumplimiento empresarial. Los aportes se acumularán en cuentas correspondientes a cada empleador y se destinarán a cubrir indemnizaciones por desvinculaciones laborales. Por su carácter periódico, especialistas del sector esperan que parte del dinero sostenga inversiones con plazos mayores que los habituales en los fondos comunes tradicionales.

El régimen fue creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 y reglamentado mediante el Decreto 408/2026. La norma aclaró que los FAL no reemplazan ni modifican el sistema indemnizatorio vigente, sino que funcionan como una reserva destinada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones patronales. Las cuentas constituirán patrimonios separados, independientes, inembargables y afectados específicamente a los pagos contemplados. Si el saldo resulta insuficiente para afrontar una indemnización, la responsabilidad seguirá en cabeza del empleador. La cobertura alcanzará a trabajadores registrados y, cuando la relación laboral presente deficiencias de registración, el fondo responderá solo por los montos que surjan de los datos declarados oficialmente, sin liberar a la empresa de las diferencias pendientes.

La contribución mensual será del 2,5% sobre la base salarial correspondiente para micro, pequeñas y medianas empresas, entidades sin fines de lucro comprendidas y empleadores con la caracterización exigida. Para las demás compañías privadas alcanzadas, la alícuota será del 1%. Esos importes se descontarán de las contribuciones patronales destinadas a distintos subsistemas de seguridad social, por lo que el esquema no representará, en términos generales, un pago adicional equivalente para las empresas. ARCA incorporó el cálculo automático al sistema de declaración en línea y dispuso que la obligación integre el formulario 931 desde el período devengado noviembre de 2026. Los pagos fuera de término generarán intereses y solo podrán reimputarse a obligaciones del mismo fondo.

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Antes del primer aporte, cada empleador privado deberá seleccionar una entidad habilitada, elegir un vehículo de inversión autorizado y obtener un identificador denominado ID FAL. Ese código vinculará a la empresa con su cuenta individual y deberá validarse a través del servicio Simplificación Registral de ARCA. Si la firma no completa el procedimiento, la Comisión Nacional de Valores podrá realizar una asignación de oficio. Los recursos se administrarán mediante Fondos Comunes de Inversión de Asistencia Laboral o fideicomisos financieros, bajo modalidades para una sola empresa o para varias. La reglamentación también incorporó la portabilidad, que permitirá trasladar los activos hacia otro vehículo autorizado cuando se cumplan los requisitos operativos y no existan pagos pendientes.

Las inversiones deberán concentrarse en instrumentos emitidos y negociados en la Argentina. El menú incluye títulos públicos nacionales, deuda provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reúna las condiciones establecidas, depósitos bancarios y obligaciones negociables de emisores locales, entre otras alternativas reguladas. La Comisión Nacional de Valores fijó un tope global del 1% anual sobre el patrimonio administrado para honorarios y gastos ordinarios. También exigió que los vehículos publiquen mensualmente una ficha con su desempeño histórico y la composición de la cartera. Según analistas del mercado, la llegada de aportes recurrentes podría ampliar la demanda de activos en pesos y favorecer colocaciones con vencimientos más extensos, aunque el impacto inicial sería acotado.

La estimación de US$2.000 millones anuales fue planteada por ejecutivos del sector financiero y no constituye una previsión oficial. Andrés Nobile, de Adcap Asset Management, sostuvo que el mecanismo podría reconstruir una base de ahorro institucional de largo plazo, debilitada desde la estatización de las AFJP en 2008. Federico Broggi, de IEB Fondos Comunes de Inversión, evaluó que los FAL aportarán un nuevo inversor con menor necesidad de liquidez inmediata, pero advirtió que su peso cuantitativo será reducido durante la primera etapa. El volumen ganaría relevancia a medida que las cuentas acumulen contribuciones y rendimientos. El resultado también dependerá de la evolución del empleo formal, el mercado salarial, las desvinculaciones y las decisiones de inversión de las entidades administradoras.