Proyectan un dólar a $1.700 y las pymes alertan por el crédito y los impuestos

El dólar podría avanzar de manera gradual hasta la zona de los $1.700, según la proyección que presentó Damián Quiroz, CEO y fundador de Capital Group Q, durante una entrevista con el canal +Perfil. El empresario tomó como referencia un valor cercano a los $1.515 y descartó una dolarización extrema de las carteras en el corto plazo. A su entender, la moneda estadounidense mantendrá su papel de refugio, aunque la pérdida de capacidad de compra limita la cantidad de pesos disponibles para ahorrar. La estimación refleja una mirada particular y no una previsión oficial ni un consenso del mercado. En la entrevista tampoco se precisó qué proceso electoral funcionaría como horizonte para el pronóstico, un punto relevante para interpretar los plazos planteados.

Federico Glustein, economista, docente y consultor, sostuvo que la búsqueda de cobertura no quedaría limitada a la compra de billetes. Según explicó, las empresas podrían aumentar su exposición a instrumentos vinculados al dólar y activos del exterior para reducir el impacto de una eventual corrección cambiaria. Esa estrategia puede incluir títulos públicos, obligaciones negociables, fondos o activos financieros cuyo comportamiento siga al tipo de cambio, aunque cada alternativa presenta riesgos diferentes. El planteo surge en un escenario donde las decisiones de ahorro e inversión dependen tanto de la evolución del dólar como de las tasas en pesos, la inflación y la actividad económica. Una suba hasta $1.700 implicaría un incremento cercano al 12% frente al valor de $1.515 utilizado como referencia durante la entrevista.

La discusión cambiaria quedó vinculada con la situación de las pequeñas y medianas empresas. Diego Achilli, integrante de Industrial Pyme Tres de Febrero, afirmó que el sector busca competir sin subsidios permanentes, pero reclamó una reducción de la carga impositiva y mejores condiciones de financiamiento. El empresario cuestionó los préstamos con tasas anuales del 70% u 80% y sostuvo que esos costos resultan difíciles de absorber para actividades con márgenes ajustados. La Encuesta de Condiciones Crediticias del Banco Central correspondiente al primer trimestre de 2026 registró un deterioro en varios componentes de los préstamos a empresas, incluidos los montos máximos y los plazos para las pymes. El acceso al crédito resulta clave para comprar insumos, sostener capital de trabajo, incorporar maquinaria o atravesar meses de ventas débiles.

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Los cierres empresariales también ocuparon un lugar central en las advertencias. Achilli mencionó unas 28.000 pymes cerradas, aunque los registros disponibles requieren una lectura más precisa. Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, difundidos a partir de abril de 2026, mostraron que la cantidad de empleadores pasó de 511.337 en noviembre de 2023 a 484.095. La diferencia fue de 27.242 empresas registradas, sin que todas puedan clasificarse automáticamente como pymes cerradas por una misma causa. La reducción afectó con fuerza a sectores como los servicios profesionales, la agricultura y la construcción. En términos laborales, la industria manufacturera perdió 81.795 puestos registrados durante ese período, mientras que la construcción retrocedió en 74.840 empleos.

La presión tributaria fue otro eje del debate. Quiroz afirmó que existen alrededor de 150 tributos sobre las empresas y que seis concentran la mayor parte de la recaudación. El Vademécum Tributario Argentino 2026, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, identificó efectivamente 150 tributos: 40 nacionales, 28 provinciales y 82 municipales. El informe calculó que seis gravámenes aportarían el 85% de la recaudación consolidada, por encima del 83% mencionado en la entrevista. Se trata del IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y la tasa municipal de inspección, seguridad e higiene. Esa concentración no elimina los costos administrativos que genera el resto de las obligaciones.

Leonardo Alberto, licenciado en Economía y contador, cuestionó además los regímenes de percepción y retención que obligan a las empresas a adelantar impuestos antes de determinar su obligación final. Para las pymes, esos mecanismos pueden quitar liquidez necesaria para salarios, proveedores o reposición de mercadería, especialmente cuando acumulan saldos a favor cuya recuperación demora. El análisis conjunto dejó dos preocupaciones conectadas: por un lado, la posibilidad de una nueva suba del dólar y una mayor demanda de cobertura; por otro, las dificultades productivas provocadas por ventas débiles, crédito costoso y obligaciones fiscales superpuestas. La proyección de $1.700 no constituye una certeza, pero muestra que empresas y ahorristas siguen atentos al frente cambiario mientras el entramado pyme reclama condiciones que le permitan financiarse, invertir y sostener empleo formal.