China condenó a muerte a exfuncionario por sobornos por US$325 millones

Un tribunal de la ciudad de Changzhou condenó a muerte a Yang Youlin, un exfuncionario que ocupó cargos vinculados al desarrollo económico y tecnológico de Nankín entre 1993 y 2023. Según la sentencia, Yang aceptó más de 2.200 millones de yuanes - equivalentes a unos 325 millones de dólares - en sobornos a lo largo de tres décadas. Además fue hallado culpable de malversación de fondos, abuso de poder y blanqueo de capitales. El fallo subrayó que sus delitos causaron “pérdidas excepcionalmente cuantiosas a los intereses del Estado y del pueblo”, una formulación habitual en las causas por corrupción en China cuando el monto involucrado es elevado.

El tribunal detalló que Yang se aprovechó de sus cargos para ayudar a empresas y particulares a conseguir contratos de ingeniería, transferencias de terrenos y financiación. La investigación formó parte de la prolongada campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping, que desde su llegada al poder afectó a autoridades civiles, militares y directivos de la banca. Las condenas a muerte por delitos económicos son raras pero no inéditas en casos que superan los 1.000 millones de yuanes; por ejemplo, fallos anteriores incluyeron a funcionarios con montos similares y, en al menos un caso, ya se ejecutó la pena.

La corte reconoció que Yang cooperó con las autoridades y que en su declaración final se declaró culpable y expresó remordimiento, pero consideró que esa colaboración resultó insuficiente para atenuar la pena. En otros procesos por corrupción los jueces conmutaron sentencias de muerte por cadena perpetua cuando existieron aportes relevantes a la investigación o cuando se devolvieron bienes. Sin embargo, en este expediente la magnitud de las ganancias ilícitas y la duración del fraude condujeron a la sanción más severa contemplada por el sistema penal chino.

Analistas y críticos del régimen advirtieron que la cruzada contra la corrupción cumple un doble propósito: perseguir irregularidades y, según sus críticos, depurar la cúpula política de rivales. Las autoridades estatales defendieron la campaña como necesaria para restablecer la disciplina en el Partido Comunista y proteger la economía. En los tribunales, la retórica oficial sobre “pérdidas al pueblo” ayuda a justificar castigos severos, mientras que la ausencia de transparencia en juicios políticos dificulta una evaluación independiente sobre selectividad o motivaciones políticas detrás de ciertas condenas.

Para el futuro del caso, la condena deberá pasar por el trámite de apelación previsto en la ley china; tradicionalmente, las sentencias capitales son revisadas por instancias superiores, y en algunos expedientes la ejecución se conmutó tras recursos o por decisiones discrecionales de instancias superiores. El veredicto de Changzhou modificó el mapa de la lucha anticorrupción al poner en primer plano un monto entre los mayores conocidos en las últimas dos décadas. Quedan pendientes de confirmación pública detalles sobre la reparación del daño, la trazabilidad de los bienes mencionados y el calendario efectivo de cualquier recurso legal que presenten los defensores de Yang.