Privatizan el reactor ACR-300: Meitner propone un SMR en Atucha tras despidos en la CNEA

El Gobierno anunció el 2 de julio que Meitner Energy presentó una propuesta para construir en el predio de Atucha un reactor modular pequeño ACR-300 con una inversión privada estimada en 1.200 millones de dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, participaron de la presentación pública, mientras representantes de la empresa expusieron el diseño que, según la oferta, se basa en tecnología desarrollada en Argentina y en capitales estadounidenses para financiar la obra. El proyecto plantea que la planta funcione en el complejo donde operan Atucha I y II y propone una potencia aproximada de 300 MW, con la expectativa de complementar la oferta energética nacional y atender demandas industriales específicas como centros de datos y procesos de alta intensidad energética.

La iniciativa llegó en medio de una crisis interna en la Comisión Nacional de Energía Atómica: a fines de junio se notificó el cese de 61 contratos a plazo fijo en distintas sedes del organismo, entre ellos personal vinculado al proyecto CAREM. Trabajadores y gremios denunciaron que parte del personal quedó abocado a tareas de preservación de equipos por falta de presupuesto y que hubo migración de profesionales hacia el sector privado atraídos por mejores salarios. Voces del sistema nuclear y exfuncionarios alertaron sobre una pérdida de capacidades técnicas y sobre la posibilidad de que conocimiento público terminado pase a control privado, lo que genera preocupación por la continuidad de proyectos estratégicos y por la capacidad de mantener desarrollo y mantenimiento de instalaciones críticas en el país.

Meitner Energy figura como iniciativa privada creada en 2024 y, según reportes periodísticos, integraría un consorcio donde el grupo inversor Ansari tendría la mayoría y la empresa estatal INVAP conservaría una participación minoritaria y aportaría el desarrollo tecnológico del reactor. El proyecto busca ingresar al régimen de promoción Súper RIGI, aún pendiente en el Congreso, que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a inversiones mayores a 1.000 millones de dólares. Críticos advierten que esas exenciones podrían entregar ventajas extraordinarias sin exigir integración industrial ni compromisos claros de transferencia tecnológica, lo que abre el debate sobre condiciones para proteger la industria local y garantizar que la inversión genere capacidades nacionales de largo plazo.

El anuncio también marcó un giro en la orientación geopolítica de la política nuclear: el Gobierno posicionó el proyecto como una alianza con capitales estadounidenses en el marco del Plan Nuclear Argentino (conocido como Plan Reidel), que reconfigura el rol del Estado y prioriza financiamiento privado para reactores modulares. Ese cambio alarmó a quienes defendieron acuerdos previos con China para Atucha III y IV y sostienen que la estrategia actual prioriza vínculos con Washington en asuntos estratégicos vinculados a la energía y a la demanda creciente por centros de datos y desarrollo de inteligencia artificial. Las discusiones políticas ya incorporaron interrogantes sobre soberanía tecnológica, dependencia de proveedores extranjeros y criterios de seguridad para la operación de tecnología nuclear importada o desarrollada en consorcios mixtos.

Las preguntas que quedan en pie son varias y abordables desde la agenda parlamentaria: qué profesionales migraron del sistema público al privado, qué condiciones impondrá el Estado para preservar know‑how financiado con fondos públicos, y qué cláusulas de control o exigencia de integración industrial incluirá cualquier beneficio fiscal. Mientras el Gobierno promociona inversión y empleo, sindicatos y legisladores impulsan investigaciones sobre desvinculaciones y posibles acuerdos entre empresas privadas y organismos estatales. La traza del proyecto, los plazos reales de construcción y los mecanismos de gobernanza exigirán fiscalización y transparencia durante los próximos meses, y la Cámara de Diputados y comisiones técnicas deberán analizar contratos, cláusulas de transferencia tecnológica y los esquemas de financiamiento para garantizar control y continuidad operativa.