Juicio nulo en el caso Lindsay Clancy: la psicosis posparto dividió al jurado y a Estados Unidos

El juicio contra Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos, terminó sin veredicto el viernes 4 de septiembre. El juez William Sullivan declaró nulo el proceso después de que los doce integrantes del jurado comunicaran que no podían alcanzar una decisión unánime. Las deliberaciones duraron siete días y cerraron casi siete semanas de audiencias en el Tribunal Superior del condado de Plymouth. Clancy, una enfermera de 36 años que trabajaba en maternidad, no negó que estranguló a Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, el 24 de enero de 2023. La discusión se centró en determinar si comprendía sus actos y podía controlarlos en ese momento.

La defensa sostuvo que Clancy atravesaba una psicosis posparto y no podía ser considerada penalmente responsable. Sus abogados afirmaron que recibió diagnósticos equivocados y una combinación excesiva de medicamentos mientras buscaba asistencia por ansiedad, insomnio, depresión e ideas suicidas. Familiares y allegados describieron durante el debate un deterioro marcado después del nacimiento de Callan. También declararon que pidió ayuda a distintos profesionales, concurrió a una guardia hospitalaria, llamó a servicios de prevención del suicidio y se internó voluntariamente en un centro psiquiátrico pocas semanas antes de las muertes. Tras matar a los niños, saltó desde una ventana del segundo piso de su casa y sufrió lesiones que la dejaron paralizada de la cintura hacia abajo.

Los fiscales plantearon una interpretación opuesta: afirmaron que la acusada actuó de manera planificada y sabía que matar a sus hijos estaba mal. La acusación remarcó que Clancy envió a su entonces esposo, Patrick, a comprar comida y medicamentos, y aprovechó su ausencia para quedarse sola con los chicos. Especialistas convocados por la fiscalía cuestionaron que estuviera psicótica durante los crímenes y diferenciaron las alucinaciones de los pensamientos intrusivos asociados con otros trastornos. Jennifer Tufts, una de las profesionales que la atendió antes del episodio, declaró que no observó señales de psicosis en sus consultas. Otros peritos señalaron que la acusada podía comprender la ilegalidad de lo que hacía, una cuestión central bajo la legislación de Massachusetts.

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El caso excedió rápidamente los tribunales. Grupos de mujeres vestidas de rosa acompañaron a Clancy frente al juzgado y presentaron su historia como una muestra de las fallas en la atención de la salud mental materna. Otras personas reclamaron que el debate no desplazara del centro a los tres niños y rechazaron que una enfermedad funcionara automáticamente como justificación penal. Esa tensión también atravesó las redes sociales, los medios y las familias: para algunos observadores, la sucesión de pedidos de ayuda mostró que el sistema sanitario no respondió adecuadamente; para otros, la cantidad de profesionales, familiares y cuidadores que rodearon a Clancy debilitó el argumento de que estuvo abandonada. El desacuerdo del jurado reflejó esa división, aunque sus integrantes no explicaron públicamente cómo se distribuyeron las posiciones.

La psicosis posparto es una emergencia psiquiátrica poco frecuente, distinta de la depresión posparto. Documentos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos estiman que afecta a entre una y dos de cada mil madres y puede incluir delirios, alucinaciones, manía, confusión, insomnio y pensamientos suicidas u homicidas. Su aparición suele registrarse durante los primeros días o semanas posteriores al parto, aunque no existe una definición clínica universal sobre sus límites temporales. Durante el juicio, más de diez especialistas expusieron evaluaciones enfrentadas sobre el cuadro de Clancy. Un psicólogo que la visitó después del episodio dijo que escuchó su relato sobre una voz masculina que le ordenó matar a los niños y suicidarse. Expertos de la fiscalía pusieron en duda que esa experiencia fuera una alucinación.

Clancy continúa acusada de tres asesinatos y permanece bajo custodia en un hospital psiquiátrico mientras se resuelve el expediente. Sullivan fijó una audiencia para el 29 de septiembre, cuando podrían conocerse los próximos pasos. La defensa buscaría que el juez cierre el caso con una absolución, mientras la fiscalía deberá decidir si impulsa un segundo juicio, negocia un acuerdo o desiste de los cargos, alternativa considerada poco probable. El fiscal de distrito de Plymouth, Timothy Cruz, evitó anunciar una decisión inmediata y ratificó que su objetivo era obtener justicia por los niños. Un nuevo proceso obligaría a repetir testimonios especialmente dolorosos y mantendría paralizadas las demandas civiles iniciadas por Lindsay y Patrick Clancy contra profesionales e instituciones vinculadas con su tratamiento psiquiátrico.