Meta deberá pagar US$25.000 millones por engañar a usuarios sobre la privacidad en Facebook

Un juez de Nuevo México ordenó este miércoles 21 de octubre a Meta pagar US$25.000 millones por declaraciones engañosas sobre la privacidad de los datos y la moderación de contenidos en Facebook. La decisión del magistrado Francis Mathew llegó después de que un jurado concluyera en septiembre que la empresa vulneró de forma reiterada la Ley de Prácticas Desleales del estado. El expediente se originó tras las revelaciones del caso Cambridge Analytica, la consultora británica que obtuvo información de millones de usuarios mediante una aplicación de terceros y usó esos datos para elaborar propaganda política dirigida durante la campaña presidencial estadounidense de 2016.

El jurado contabilizó 43.899.725 infracciones vinculadas con mensajes públicos de Facebook sobre la recopilación, protección, utilización y entrega de información personal. También evaluó afirmaciones de la compañía sobre sus políticas contra la desinformación y los discursos de odio. En su resolución, Mathew sostuvo que las prácticas cuestionadas se extendieron durante años y alcanzaron el centro del modelo comercial de la plataforma. El cálculo con la sanción máxima prevista por la legislación estatal podía superar los US$219.000 millones, pero el juez redujo el monto final a US$25.000 millones. Según la orden judicial, la deuda acumulará un interés anual del 15% mientras permanezca impaga.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, afirmó que el fallo debía funcionar como una advertencia para las grandes empresas tecnológicas. Su equipo pidió una sanción de entre US$35.000 millones y US$40.000 millones, al considerar que una suma menor no modificaría la conducta corporativa. Los abogados de Meta, por su parte, propusieron una cifra considerablemente más baja y rechazaron las acusaciones durante el juicio. La empresa sostuvo que sus políticas cambiaron desde el inicio de la demanda y anticipó que apelará. Por ese motivo, el cobro no será inmediato y el monto todavía podría ser revisado por tribunales superiores.

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Los fondos que eventualmente se cobren ingresarían al sistema educativo de Nuevo México, de acuerdo con las reglas estatales para las multas impuestas por violaciones a las normas de defensa del consumidor. Torrez señaló que la suma podría financiar infraestructura escolar durante décadas, aunque reconoció que el dinero quedará retenido mientras avance el proceso de apelación. La dimensión de la condena supera ampliamente la multa de US$5.000 millones que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos impuso a Facebook en 2019 por sus prácticas de privacidad. Aquel acuerdo también estuvo relacionado con las consecuencias regulatorias del escándalo de Cambridge Analytica.

La consultora británica accedió, sin autorización directa, a información de hasta 87 millones de cuentas de Facebook a través de una aplicación presentada como una prueba de personalidad. Los datos se usaron para construir perfiles de votantes y orientar avisos políticos. El episodio provocó investigaciones parlamentarias, demandas y sanciones en distintos países, además de una fuerte revisión sobre la forma en que las plataformas permitían a desarrolladores externos acceder a la información de sus usuarios. Nuevo México siguió adelante con su propio expediente cuando otros estados estadounidenses resolvieron reclamos vinculados con Facebook mediante acuerdos colectivos, una decisión que permitió que el caso llegara hasta un jurado.

La condena se suma a otros frentes judiciales que Meta enfrentó durante 2026. En agosto, la compañía acordó pagar miles de millones de dólares para resolver reclamos de numerosos estados y territorios estadounidenses por los efectos de Facebook e Instagram sobre menores de edad e incorporar controles de seguridad más estrictos. Nuevo México mantuvo procesos separados y también obtuvo resoluciones relacionadas con la protección infantil. En el expediente por privacidad, la discusión durante la apelación abarcará tanto el número de infracciones como la proporcionalidad de la sanción. Hasta que exista una decisión firme, los US$25.000 millones representan una obligación judicial sujeta a revisión y no un pago ya incorporado al presupuesto estatal.