Migrantes latinoamericanos denuncian miedo y desprotección tras ser deportados por Estados Unidos a África

Migrantes latinoamericanos que vivían en Estados Unidos fueron deportados a República Centroafricana, un país con el que no tenían vínculos personales, familiares ni culturales, pese a que algunos contaban con protección judicial contra el regreso a sus naciones de origen. Entre ellos está Kenis López, un nicaragüense de 45 años que fue detenido por agentes migratorios en enero, en Mineápolis, y enviado el 28 de agosto en un vuelo que partió desde Dallas. López relató que desconocía el destino preciso, que viajó esposado de pies y manos y que recién dentro del avión supo que lo trasladarían a Bangui. Desde la capital africana expresó temor por su seguridad, las enfermedades y la falta de certezas sobre su futuro migratorio.

López aseguró que se resistió a bajar del autobús que lo llevó hasta la pista y que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos usaron proyectiles de impacto reducido para obligarlo a abordar. Otros dos ciudadanos nicaragüenses y un cubano que viajaban con él respaldaron esa versión y mostraron fotografías de hematomas tomadas después del episodio. Dos especialistas consultados por BBC Mundo consideraron que las lesiones eran compatibles con ese tipo de proyectiles, aunque esa evaluación no permite determinar por sí sola quién los disparó ni en qué circunstancias. El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones y sostuvo que las personas bajo custodia no recibieron golpes ni abusos durante el operativo.

El caso de López tiene otro elemento central: un tribunal migratorio de Minnesota le concedió en agosto de 2024 una retención de remoción y protección bajo la Convención contra la Tortura. Esas medidas impedían que lo devolvieran a Nicaragua, donde alegó que podía sufrir persecución o torturas, pero no anulaban la orden de expulsión ni le garantizaban residencia permanente en Estados Unidos. La administración de Donald Trump utilizó esa diferencia legal para enviarlo a un tercer país. El gobierno norteamericano sostiene que este mecanismo permite ejecutar órdenes definitivas sin devolver a las personas a territorios donde enfrentan riesgos reconocidos por los jueces. Organizaciones de derechos humanos cuestionan que esa interpretación deje a los migrantes expuestos a nuevos peligros sin una revisión individual adecuada.

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República Centroafricana recibió durante 2026 varios vuelos con ciudadanos extranjeros deportados por Estados Unidos. Human Rights Watch informó que el primer grupo conocido llegó el 12 de junio e incluyó a personas de Afganistán, Irán, Irak, Turquía, Armenia y países del norte de África, muchas de ellas con protección contra el retorno a sus lugares de origen. Un registro independiente contabilizó 92 traslados al país africano en tres vuelos realizados entre junio y fines de agosto. La nación receptora atraviesa desde hace años una crisis humanitaria y de seguridad, con amplias zonas afectadas por grupos armados, desplazamientos internos y servicios públicos limitados. Washington afirmó que los destinos seleccionados ofrecieron garantías diplomáticas contra la persecución y la tortura.

La política quedó atravesada por una extensa disputa judicial. Tribunales inferiores determinaron que los migrantes debían recibir información suficiente sobre el destino y una oportunidad real para advertir si allí podían enfrentar persecución, prisión o torturas. El 29 de septiembre, la Corte Suprema permitió temporalmente que el gobierno retomara las deportaciones rápidas a terceros países mientras analiza el fondo del litigio. La decisión, adoptada por la mayoría conservadora, suspendió las restricciones procesales impuestas por instancias anteriores, pero no resolvió de manera definitiva la legalidad del programa. La administración argumentó que esas exigencias demoraban o impedían vuelos ya programados. Los abogados de los afectados respondieron que expulsar personas sin aviso adecuado puede vulnerar garantías constitucionales y obligaciones internacionales asumidas por Estados Unidos.

Los deportados permanecen ahora en Bangui mientras buscan asistencia legal y una vía para regresar a Estados Unidos o trasladarse a otro lugar seguro. Sus testimonios muestran el impacto humano de una estrategia que convirtió a países africanos sin relación previa con los expulsados en receptores de la ofensiva migratoria norteamericana. El alcance exacto de los acuerdos, las compensaciones entregadas y las condiciones de permanencia siguen rodeados de poca transparencia. En el caso de López, su documentación judicial confirma que estaba protegido frente al retorno a Nicaragua, pero esa protección no evitó su expulsión del territorio estadounidense. Su pedido es que las autoridades revisen nuevamente el expediente. Mientras la Corte Suprema prepara el debate definitivo, él y sus compañeros aseguran que viven con temor, incertidumbre y sin saber cuánto tiempo permanecerán en República Centroafricana.