Springfield, entre deportaciones y miedo: el impacto de la ofensiva migratoria de Trump

Springfield, una ciudad de Ohio marcada durante décadas por la pérdida de industrias y habitantes, volvió a quedar en el centro de la disputa migratoria de Estados Unidos. La cancelación del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, para cientos de miles de haitianos habilitó detenciones, controles y procesos de deportación que alteraron la vida cotidiana. En la ciudad, donde autoridades locales estimaron que se radicaron entre 12.000 y 15.000 inmigrantes en el condado de Clark, los negocios redujeron su actividad, las iglesias organizaron redes de asistencia y varias familias evitaron circular por temor a los agentes federales. El operativo también abrió interrogantes sobre el futuro económico de una comunidad que sumó trabajadores y nuevos consumidores después de años de retroceso.

La llegada de haitianos se aceleró por las crisis políticas, sociales y humanitarias que atravesó su país, especialmente después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Muchos obtuvieron permisos temporales para vivir y trabajar en Estados Unidos y eligieron Springfield por sus alquileres relativamente accesibles, las oportunidades laborales y los vínculos familiares. Consiguieron empleo en fábricas, depósitos, servicios y centros de distribución, mientras otros abrieron restaurantes, mercados y pequeños emprendimientos. El municipio reconoció que esa incorporación rápida generó presión sobre la vivienda, las escuelas, el sistema sanitario y el tránsito, pero también indicó que los inmigrantes cubrieron puestos vacantes. La población oficial de Springfield rondaba los 58.000 habitantes en 2025, según la Oficina del Censo.

La situación cambió cuando el gobierno de Donald Trump avanzó con la eliminación del TPS para Haití. Tras una extensa disputa judicial, la Corte Suprema permitió en junio de 2026 que la administración terminara esa protección, una decisión que alcanzó a unas 350.000 personas en todo el país. Desde entonces, residentes de Springfield denunciaron la presencia frecuente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, y el uso de tobilleras electrónicas para controlar a migrantes expuestos a una expulsión. La Casa Blanca sostuvo que el beneficio siempre fue temporal y que las condiciones que justificaron su aplicación ya no correspondían. Esa postura contrastó con la advertencia del propio Departamento de Estado, que mantuvo a Haití en el nivel máximo de riesgo y recomendó no viajar.

OTRA CLAVELa medusa que vuelve a ser joven abre nuevas preguntas sobre el envejecimiento celular→

La tensión creció después de la muerte de Pierre Damas Bel, un joven haitiano de 20 años que llegó legalmente a Estados Unidos en 2024, terminó la escuela secundaria y comenzó sus estudios en la Universidad Estatal Wright. Su familia y referentes comunitarios afirmaron que sufría vergüenza, angustia y burlas desde que ICE le colocó un monitor electrónico en el tobillo. Bel murió el 31 de agosto al ingresar a una autopista cerca de Springfield y ser atropellado. Sus allegados vincularon lo ocurrido con la presión que enfrentaba por su situación migratoria, mientras el Departamento de Seguridad Nacional rechazó ser responsable. El caso movilizó a organizaciones religiosas, vecinos y dirigentes, que reclamaron revisar los métodos de control aplicados a personas sin antecedentes violentos.

El temor también alteró la actividad comercial. Propietarios de mercados y restaurantes haitianos contaron que disminuyó la cantidad de clientes porque muchas personas dejaron de salir, viajar al trabajo o asistir a celebraciones religiosas. Algunos residentes abandonaron Springfield y otros intentaron trasladarse a Canadá o buscar alternativas legales antes de una posible detención. La reducción de trabajadores encendió alertas entre empresas manufactureras y logísticas que dependían de esa mano de obra. Antes de la ofensiva, la ciudad informó que los inmigrantes trabajaban en sectores con dificultades para cubrir vacantes y administraban al menos diez nuevos comercios. La caída del consumo y el cierre de emprendimientos amenazan con volver a dejar viviendas vacías y locales sin actividad en barrios que recién comenzaban a recuperarse.

Springfield ya había ocupado la agenda nacional durante la campaña presidencial de 2024, cuando Trump difundió la acusación falsa de que inmigrantes haitianos robaban y comían mascotas. Las autoridades locales negaron que existieran pruebas y la ciudad recibió amenazas de bomba, cierres preventivos y manifestaciones de grupos extremistas. Dos años después, el presidente presentó la disminución de la comunidad haitiana como una recuperación del territorio y volvió a utilizar el caso durante la campaña para las elecciones legislativas de noviembre. En las calles, la discusión resulta menos abstracta: enfrenta reclamos por el ritmo del cambio demográfico con testimonios de empresarios, religiosos y vecinos que reconocen el aporte de los recién llegados. El resultado es una ciudad más vacía, polarizada y pendiente de nuevos operativos.

El debate incluye un dato difícil de conciliar con la política de deportaciones: Haití continúa bajo estado de emergencia y enfrenta violencia de pandillas, secuestros, terrorismo, inestabilidad y servicios sanitarios limitados. En julio de 2026, el Departamento de Estado renovó su alerta de nivel 4 y pidió a los ciudadanos estadounidenses que no viajaran bajo ninguna circunstancia. Para las familias haitianas de Springfield, el final del TPS no implicó solamente perder un permiso administrativo, sino quedar expuestas a regresar a un país que el propio gobierno estadounidense considera peligroso. Para la ciudad, la ofensiva representa otra prueba después de la desindustrialización y la polarización política: deberá afrontar la pérdida de vecinos, trabajadores y consumidores mientras persisten las demandas de vivienda, infraestructura y convivencia que acompañaron su transformación reciente.