Trump y Delcy Rodríguez anunciaron un acuerdo petrolero sobre 17 campos de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron un acuerdo para desarrollar 17 campos petroleros venezolanos con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles. La cifra equivale a cerca del 21,5% de las reservas probadas del país sudamericano, calculadas en aproximadamente 303.000 millones de barriles. Trump sostuvo que Washington consiguió el control mayoritario de esos recursos mediante una asociación con empresas privadas y presentó el entendimiento como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Rodríguez confirmó la operación, aunque ninguno de los dos gobiernos difundió hasta el momento el documento completo ni precisó todos sus términos jurídicos, comerciales y financieros.

La comunicación del gobierno venezolano indicó que operadores privados participarán en la recuperación y explotación de los yacimientos, con una inversión proyectada superior a US$100.000 millones. Caracas calculó que el esquema podría generar más de US$209.000 millones en tributos para el Estado, pero no detalló el período utilizado para esa estimación ni el reparto previsto de los ingresos. Tampoco identificó los campos involucrados ni las compañías que asumirán los proyectos. Informaciones conocidas antes del anuncio ubicaron parte de las áreas negociadas en la Faja Petrolífera del Orinoco y alrededor del lago de Maracaibo, donde conviven desarrollos sin explotar e instalaciones antiguas que necesitan una fuerte modernización.

Según información que Associated Press atribuyó a un funcionario estadounidense, Washington tendría una participación efectiva del 55% en la producción de una nueva compañía y derechos para comprar petróleo a precio de costo. La fuente también señaló que la sociedad recibiría derechos sobre los campos durante 100 años y que parte del crudo adquirido podría destinarse a la Reserva Estratégica de Petróleo y a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Estos puntos no aparecieron en un contrato público ni fueron explicados en detalle por la Casa Blanca. Trump tampoco aclaró qué implica legalmente el control mayoritario, cuánto recibiría Venezuela por cada barril ni qué responsabilidades asumirían los inversores ante eventuales demoras y sobrecostos.

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El diseño del acuerdo podría enfrentar cuestionamientos dentro de Venezuela. La Constitución reserva al Estado las actividades centrales de la industria petrolera y la normativa vigente no contempla directamente el arrendamiento de áreas hidrocarburíferas a otro gobierno. Las reformas recientes sí habilitaron empresas mixtas y contratos de producción compartida, pero especialistas consultados por agencias internacionales reclamaron conocer la estructura legal antes de evaluar su viabilidad. El sector también arrastra problemas operativos, una red eléctrica inestable, oleoductos y refinerías deteriorados, capacidad limitada de exportación e incertidumbre política. Esos obstáculos explican por qué las reservas bajo tierra no equivalen automáticamente a petróleo disponible para comercializar en el corto plazo.

Trump afirmó que el proyecto aumentará el suministro estadounidense y reducirá el precio de la nafta, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, lo presentó como un beneficio para ambos países. Sin embargo, especialistas del mercado energético advirtieron que la recuperación de la producción venezolana demandará años y miles de millones de dólares. Venezuela extrae actualmente cerca de 1,25 millones de barriles diarios, menos de la mitad de los niveles alcanzados hace más de dos décadas. Su crudo es mayormente pesado y requiere infraestructura, diluyentes y refinerías adaptadas para procesarlo. Por eso, aun si avanzan las inversiones anunciadas, el impacto sobre los precios minoristas estadounidenses no sería inmediato.

El entendimiento profundiza el giro en la relación bilateral iniciado después de la captura y el traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos en enero de 2026. Desde entonces, Washington respaldó a Rodríguez como interlocutora interina, promovió reformas para facilitar la inversión privada y buscó asegurar un flujo estable de petróleo venezolano hacia sus refinerías. La magnitud del nuevo acuerdo abre interrogantes sobre la soberanía energética de Venezuela, la administración de los ingresos y los mecanismos de control público. También deja pendientes definiciones centrales: qué empresas recibirán los campos, cuándo comenzarán los trabajos, cómo se distribuirá la producción y bajo qué jurisdicción se resolverán posibles disputas. La evaluación definitiva dependerá de la publicación de esos instrumentos.