Alcalde de Nueva York estudia ordenar la detención de Netanyahu durante la Asamblea de la ONU

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvo que su administración evalúa la posibilidad de ordenar la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, si este asiste a la Asamblea General de la ONU en septiembre. Mamdani reiteró que considera a Netanyahu un criminal de guerra y afirmó que su equipo legal mantiene una “conversación activa” para determinar si la ciudad dispone de autoridad legal para instruir al Departamento de Policía de la ciudad a actuar. El anuncio retomó una promesa de campaña y abrió una discusión pública sobre los límites legales y las consecuencias diplomáticas de una medida de esas características, que incluye riesgos políticos locales y repercusiones en la agenda internacional de la ciudad y del propio gobierno local.

La cuestión conecta con la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional en noviembre de 2024 contra Netanyahu por presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Gaza. La orden no sería automática en territorio estadounidense: Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma y, además, existen normas internacionales y acuerdos que protegen a jefes de Estado y de gobierno visitantes. La administración municipal enfrenta así un cuadro legal complejo: la vigencia de una orden internacional, la jurisdicción local y la primacía del gobierno federal en política exterior, factores que condicionan cualquier iniciativa local que intente ejecutarla.

Expertos consultados advirtieron que la inmunidad diplomática y los acuerdos que protegen la sede de Naciones Unidas constituyen un obstáculo jurídico y práctico. La Convención de Viena y el acuerdo marco entre la ONU y Estados Unidos otorgan inmunidad a representantes de gobiernos invitados a la Asamblea. Además, sólo el Ejecutivo federal puede dirigir la política exterior y gestionar detenciones con impacto internacional; sin embargo, autoridades municipales sostuvieron que estudian todos los mecanismos legales disponibles sin alterar leyes federales ni usurpar competencias, y que cualquier paso requeriría un análisis minucioso de riesgos y viabilidad.

La reacción de Tel Aviv fue rápida y dura: el propio Netanyahu rechazó las advertencias y acusó al alcalde de respaldar a Hamás, lo que elevó la tensión diplomática. Desde círculos oficiales en Israel recordaron que la visita a la ONU goza de protecciones específicas y que, en la práctica, una detención de un jefe de gobierno en suelo estadounidense provocaría un choque directo con Washington. En Estados Unidos, diplomáticos y asesores legales evaluaron públicamente que una orden municipal tendría escasas probabilidades de prosperar ante un recurso federal y posibles interferencias del Departamento de Estado, lo que complejiza cualquier intento local de ejecución.

Más allá del debate jurídico, la postura de Mamdani encendió el debate político y social en la ciudad y en el exterior: partidarios celebraron que un alcalde muestre mano dura ante presuntos crímenes de guerra, mientras que críticos alertaron sobre riesgos para la seguridad, la gobernabilidad y las relaciones internacionales. Queda por ver si Netanyahu finalmente viaja a Nueva York en septiembre; en caso de hacerlo, la ciudad y el gobierno federal deberán coordinar posiciones. Por ahora, la decisión de Mamdani funciona como una advertencia política basada en consultas legales, no como una orden operativa consumada, y seguirá generando presión pública y judicial mientras se clarifican las vías posibles.