Amplían a las cárceles provinciales el sistema nacional para bloquear celulares

El Gobierno nacional amplió a los establecimientos penitenciarios provinciales el procedimiento para bloquear teléfonos celulares detectados en sectores donde su uso esté prohibido. La medida, informada este jueves 13 de agosto, busca impedir que dispositivos ingresados de manera irregular sirvan para organizar estafas, amenazas u otros delitos desde las cárceles. El mecanismo alcanzará a las provincias que adhieran al protocolo elaborado por el Ministerio de Seguridad Nacional y no comenzará a funcionar automáticamente en todas las jurisdicciones. La decisión extendió un esquema autorizado meses atrás para las unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal, donde se estableció la detección de equipos activos y el posterior pedido de inhabilitación a las compañías de comunicaciones móviles.

La modificación atribuida a la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones incorporó a las cárceles provinciales al procedimiento regulatorio que obliga a las prestadoras a actuar ante requerimientos oficiales. El bloqueo comprende tres componentes: el IMEI, código que identifica al aparato; el IMSI, número almacenado en la tarjeta SIM que reconoce al abonado; y la línea telefónica vinculada. La combinación busca evitar que el usuario continúe comunicándose con el mismo equipo, coloque el chip en otro teléfono o conserve activa la línea. El antecedente inmediato fue la Resolución 300/2026 del Enacom, publicada el 13 de mayo, que ya estableció esas obligaciones para los dispositivos activados en áreas de detención o acceso restringido de establecimientos penitenciarios federales.

Las empresas telefónicas no aplicarán bloqueos generales ni actuarán por iniciativa propia. Cada intervención requerirá una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad Nacional, que remitirá los identificadores detectados y centralizará el intercambio con las prestadoras. Las provincias adheridas deberán canalizar sus pedidos a través de esa cartera, aunque la detección inicial ocurra dentro de una cárcel bajo administración local. El manual federal aprobado en abril fijó un procedimiento que incluye equipos específicos de detección, reportes con los códigos de los dispositivos y la confirmación de la inhabilitación por parte de las compañías. También dispuso registros actualizados y auditorías periódicas para preservar la integridad y trazabilidad de la información utilizada durante cada operativo.

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La regulación exige que la herramienta no afecte las comunicaciones fuera del perímetro penitenciario. Ese límite responde a antecedentes técnicos y normativos vinculados con los inhibidores de señal, cuyo funcionamiento puede interferir en redes utilizadas por vecinos, trabajadores o servicios de emergencia cercanos a una unidad penal. La Resolución 300/2026 sostuvo que los bloqueos del IMSI y la línea deben ser proporcionales y revisables, sin generar restricciones generalizadas sobre terceros. A diferencia de un inhibidor, que interrumpe la señal en una zona, este sistema apunta a identificar dispositivos concretos y excluirlos de las redes. Las prestadoras deberán conservar los datos de las gestiones realizadas para responder consultas o requerimientos posteriores de usuarios y autoridades competentes.

La ampliación surgió después de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que pidió incluir expresamente a las jurisdicciones provinciales ante el uso irregular de celulares en sus penales. La Ley 24.660 prohíbe las comunicaciones mediante terminales móviles dentro de las cárceles y contempla la instalación de inhibidores, pero la administración penitenciaria se divide entre la Nación y las provincias. Por eso, la ejecución concreta dependerá de convenios y adhesiones locales. Para Chubut, el nuevo marco abre la posibilidad de adoptar la herramienta, aunque la información oficial consultada no permitió confirmar una adhesión provincial hasta este jueves. Tampoco se difundieron plazos uniformes de implementación, cantidad de equipos de detección disponibles ni establecimientos provinciales que ingresarían primero al sistema.