Carrió: la reforma de la Ley de Tierras compromete la soberanía nacional

La dirigente de la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió difundió un texto en el que cuestionó con dureza las modificaciones previstas en el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada que tramita en el Senado. En el documento, que llevó la firma de más de setenta referentes del espacio, Carrió planteó que la iniciativa desplaza el eje del régimen vigente y dejaría sin límites objetivos la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Advirtió, además, que la reforma quitaría resguardos sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera y cuestionó la derogación de normas que restringen ventas en áreas consideradas estratégicas para la seguridad nacional, lo que, según ella, implicaría una pérdida de control sobre territorios sensibles.

El proyecto que ahora llega al recinto obtuvo dictamen en un plenario de comisiones en mayo y atravesó numerosas modificaciones: legisladores del oficialismo presentaron alternativas y el texto sufrió varias versiones antes de quedar en condiciones de debate. El calendario parlamentario fijó inicialmente la sesión para el jueves 16 de julio, con la iniciativa como eje central junto a una treintena de pliegos judiciales y diplomáticos. Sin embargo, en las últimas semanas los jefes de bloque discutieron postergaciones y precisaron que algunos artículos aún generan controversia entre bancadas provinciales y legisladores de distintos signos, por lo que la fecha y alcance del tratamiento quedaron en discusión.

Entre las críticas técnicas que recorre el debate figura la eliminación de límites nacionales a la titularidad extranjera sobre tierras rurales y la posibilidad de que empresas con participación estatal extranjera adquieran inmuebles salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo. Organizaciones sociales y referentes del peronismo expresaron su preocupación por el impacto en villas, asentamientos y en políticas de acceso a la tierra; por su parte, sectores pro-reforma sostienen que la iniciativa refuerza la seguridad jurídica y moderniza el marco registral. En ese contexto, Carrió sostuvo que la reforma sería una "delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial" y pidió medidas que garanticen controles efectivos sobre los procesos de transferencia de propiedad.

El intercambio entre bancadas también puso sobre la mesa plazos de desalojo, reglas para expropiaciones y cambios en la regulación del uso del fuego y los registros catastrales. Las noticias sobre versiones del texto y la intención del oficialismo de convertir la estabilidad monetaria y la limitación de asistencia al Tesoro en objetivos de otras normas confluyen en una discusión más amplia sobre el diseño del Estado y la propiedad. Diputados y senadores mantienen posiciones encontradas: algunos impulsan un régimen más liberal del mercado de tierras, mientras otros reclaman filtros y controles que salvaguarden la soberanía territorial, la gestión local y las competencias provinciales.

A pocas jornadas del debate en el recinto, Carrió y sus firmantes pidieron públicamente que el Senado frene el tratamiento hasta que haya garantías sobre los límites a la adquisición extranjera y protección de zonas fronterizas. El cruce político avanzó en paralelo con llamados de gobernadores y autoridades provinciales que buscan preservar la competencia sobre autorizaciones en sus territorios. Si el Senado finalmente pone el proyecto a votación, la discusión no solo definirá normas concretas sobre titularidad y desalojos, sino también la interpretación que el Congreso hará sobre soberanía, regulación y mercados rurales en los próximos años.