Causa ANDIS: el Gobierno difundió un peritaje cuestionado sobre los audios de Spagnuolo

El Gobierno nacional difundió el jueves 29 de octubre las supuestas conclusiones de un estudio de Gendarmería sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Según la versión de la Casa Rosada, el análisis detectó discontinuidades, señales de regrabación e inconsistencias acústicas que podrían responder a cortes, ediciones o intervenciones posteriores. También indicó que no pudo comprobarse la autenticidad del material ni atribuir las voces a los imputados. Esa imposibilidad técnica, sin embargo, no demuestra por sí sola que los archivos sean falsos o que se generaran con inteligencia artificial, pese a que la comunicación oficial presentó el resultado como una confirmación de que las grabaciones fueron alteradas.

La principal objeción surgió desde Comodoro Py. Fuentes judiciales citadas por distintos medios señalaron que el supuesto informe final todavía no fue incorporado al expediente que tramita ante el juez federal Ariel Lijo. Tampoco contaría con las firmas de todos los especialistas oficiales y de parte que intervienen en el trabajo. Los peritos se reunieron esta semana para continuar con las tareas, pero todavía no produjeron una conclusión conjunta y definitiva. La diferencia es central: una comunicación distribuida por el Poder Ejecutivo no tiene el mismo valor que un documento presentado formalmente en la causa, sometido al control de las partes y respaldado por quienes participaron del procedimiento técnico.

Entre las limitaciones mencionadas aparecen la falta de una cadena de custodia completa antes de la intervención de Gendarmería, el origen incierto de algunos archivos y la presencia de características compatibles con una transferencia acústica o regrabación. Esas condiciones dificultan establecer si el material conserva su formato original y si una voz corresponde efectivamente a una persona determinada. La defensa de Spagnuolo sostuvo desde el inicio que las grabaciones podían estar manipuladas o producidas mediante herramientas de inteligencia artificial. El exfuncionario se negó a aportar una muestra de voz para realizar el cotejo ordenado judicialmente, mientras sus abogados cuestionaron el procedimiento y reclamaron en distintas oportunidades que se suspendiera la pericia.

OTRA CLAVEEl costo de no alinearse con Torres, el mecanismo financiero que denunció Biss y que asfixia la economía de la capital→

Los 58 archivos bajo análisis comenzaron a difundirse en agosto de 2025 y fueron atribuidos a Spagnuolo, quien dirigía entonces la ANDIS. En esas conversaciones, una voz hablaba de presuntas coimas, sobreprecios y retornos vinculados con contrataciones del organismo, además de mencionar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico difundieron parte del material y luego invocaron el secreto profesional para reservar la identidad de su fuente. La publicación funcionó como punto de partida de la investigación, pero los fiscales no utilizaron esos audios como prueba directa para sostener los procesamientos dictados durante el avance del expediente.

La causa se apoyó después en documentación, movimientos de fondos, contrataciones, dispositivos electrónicos y otras medidas de prueba. La fiscalía encabezada por Franco Picardi investigó un presunto esquema de direccionamiento de compras y sobreprecios durante la gestión de Spagnuolo, con operaciones bajo sospecha por más de 37.000 millones de pesos. Uno de los ejes se centró en la droguería Suizo Argentina, que habría recibido adjudicaciones de la agencia por alrededor de 137.118 millones de pesos en 15 meses. Los investigadores sostuvieron que la compañía concentró cerca del 29,5 por ciento de las compras relevadas, mientras sus responsables y los demás imputados cuentan con el derecho de defensa y mantienen la presunción de inocencia.

La controversia sobre los audios corre por un carril distinto al resto de las pruebas reunidas. Si el informe técnico se incorpora al expediente, el juez y las partes deberán evaluar su alcance, las objeciones metodológicas y la diferencia entre no poder autenticar un registro y acreditar que fue adulterado. La dependencia de Gendarmería que realizó el estudio pertenece a una fuerza bajo la órbita del Poder Ejecutivo, un elemento que también obliga a revisar el documento dentro del proceso judicial y no mediante comunicados políticos. Hasta que exista una presentación firmada y controlada por los peritos, la afirmación gubernamental debe considerarse una interpretación de resultados preliminares y no una conclusión judicial firme sobre el origen de las grabaciones.