Diputados aprobó la ley de Propiedad Privada y ratificó los límites para la compra extranjera de tierras

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo acordara con bloques aliados incorporar una ratificación expresa de la Ley de Tierras Rurales. La votación general terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, un margen ajustado que le permitió a La Libertad Avanza avanzar con una de las iniciativas centrales de su agenda legislativa. Como el texto recibió cambios respecto de la media sanción de la Cámara alta, deberá regresar al Senado. La sesión especial comenzó al mediodía con 132 legisladores presentes y tenía previsto extenderse durante la madrugada por la cantidad y complejidad de los asuntos incluidos.

El artículo que preservó la Ley 26.737 reunió un respaldo mucho más amplio que el proyecto general: recibió 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones. La norma, sancionada en diciembre de 2011, fija en 15% el máximo de tierras rurales que puede quedar bajo titularidad o posesión extranjera, tanto a escala nacional como provincial y municipal. También establece que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese cupo y dispone límites de superficie por titular. Los últimos datos oficiales disponibles, actualizados en agosto de 2025, indicaron que ninguna provincia superaba el techo del 15%, aunque la distribución territorial presentaba diferencias entre jurisdicciones.

El entendimiento parlamentario implicó un cambio respecto de la orientación inicial del Gobierno. Javier Milei derogó la Ley de Tierras mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, pero la vigencia del régimen quedó atravesada por presentaciones judiciales y decisiones contrapuestas. Ante ese escenario, el oficialismo aceptó incluir una cláusula que ratificó por ley las restricciones a la extranjerización y dejó sin efecto la derogación dispuesta por el decreto. La modificación consiguió los dos tercios de los presentes, por lo que el Senado necesitará esa misma mayoría si intenta sostener una redacción diferente. La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anticipó que buscarán completar el trámite legislativo.

OTRA CLAVEEl costo de no alinearse con Torres, el mecanismo financiero que denunció Biss y que asfixia la economía de la capital→

Además del capítulo vinculado con las tierras rurales, la iniciativa modificó reglas sobre desalojos y expropiaciones. El proyecto propone una vía sumarísima para recuperar inmuebles ocupados, contempla la restitución anticipada bajo caución juratoria y amplía las herramientas judiciales para identificar a los ocupantes. En materia de expropiaciones, exige que la declaración de utilidad pública responda a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. También incorpora mecanismos para determinar y actualizar las indemnizaciones, con referencias al Índice de Precios al Consumidor y a la tasa activa del Banco Nación. Sus defensores argumentaron que el texto reforzará la seguridad jurídica, mientras sectores opositores y organizaciones sociales advirtieron sobre sus posibles consecuencias habitacionales y reclamaron mayores garantías antes de ejecutar desalojos.

El respaldo principal llegó de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. Las seis abstenciones resultaron decisivas para el desenlace: cinco correspondieron a diputados cordobeses vinculados al gobernador Martín Llaryora y la restante, a Álvaro González. Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros espacios rechazaron el proyecto general, aunque gran parte de esos sectores acompañó la incorporación de la Ley de Tierras. Durante el debate, el oficialismo sostuvo que la norma protegerá la propiedad frente a ocupaciones y decisiones estatales arbitrarias. Desde la oposición cuestionaron la aceleración de los desalojos y remarcaron que la preservación de las restricciones a compradores extranjeros surgió por presión de los bloques dialoguistas.

La sesión continuó después de esa votación con una agenda que incluyó la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y un proyecto sobre endeudamiento familiar. El temario oficial también contempló la creación de un módulo informático para medicamentos de alto riesgo, cambios al Código Penal por vandalismo rural y la transferencia de un inmueble estatal a la provincia del Chaco. Al comienzo de la jornada, distintos bloques intentaron sumar asuntos mediante apartamientos del reglamento, pero no reunieron los dos tercios requeridos. Entre los pedidos figuraron la renovación de la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan, medidas para pequeñas y medianas empresas y modificaciones sobre la prescripción de delitos sexuales contra menores cuando el acusado permanezca prófugo.