El Gobierno proyecta invertir más de $300.000 millones en la Base Naval Integrada de Ushuaia

El Gobierno nacional proyecta destinar más de $300.000 millones durante 2027 para avanzar con la construcción y puesta en funcionamiento de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra destinada a reforzar las capacidades argentinas en el Atlántico Sur. La cifra deberá incluirse en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Congreso el 15 de septiembre. Según la información difundida por Perfil y otros medios nacionales, el financiamiento saldrá de recursos del Estado, sin créditos de organismos multilaterales ni aportes extranjeros. La ejecución demandaría tres años y el cronograma oficial ubica la posible finalización en 2029, aunque los plazos dependerán de la aprobación legislativa de las partidas y del ritmo efectivo de los trabajos.

La iniciativa recibió un nuevo impulso después de que el presidente Javier Milei instruyera al Ministerio de Economía a priorizarla dentro de la planificación presupuestaria de 2027. Días antes, el Decreto 867/2026 modificó el Presupuesto vigente y amplió los fondos del Ministerio de Defensa para recuperar, modernizar e incorporar equipamiento y capacidades operativas. Distintas fuentes periodísticas señalaron que $114.732 millones de esa adecuación corresponden a adelantos para proveedores y contratistas y serían destinados, en su mayoría, al proyecto fueguino. Sin embargo, el decreto no asignó expresamente la totalidad de ese monto a la base de Ushuaia. El detalle definitivo de las partidas, su distribución anual y las metas físicas podrá evaluarse cuando el Ejecutivo presente el proyecto presupuestario completo ante el Congreso.

Las estimaciones sobre el costo total todavía muestran diferencias. Mientras los últimos reportes ubicaron la inversión prevista para 2027 por encima de $300.000 millones, fuentes citadas por El Cronista calcularon que completar el complejo podría requerir alrededor de $400.000 millones, mediante desembolsos escalonados. El ministro de Defensa, Carlos Presti, también habló de una asignación inicial equivalente a unos US$140 millones durante una presentación realizada esta semana. Las cifras no son necesariamente incompatibles, ya que podrían corresponder a etapas, componentes y períodos distintos, pero aún falta documentación presupuestaria que permita establecer una comparación precisa. El Gobierno sostiene que la primera fase incluirá obradores, edificios de servicios navales y trabajos sobre el futuro muelle, infraestructura central para comenzar las operaciones del complejo austral.

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El proyecto se inició formalmente en marzo de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, cuando el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana encabezó la colocación de la piedra fundamental. Documentación oficial remitida posteriormente al Congreso indicó que la iniciativa contemplaba un muelle, instalaciones conexas, maquinaria y equipos en el sector oriental de la península de Ushuaia. A fines de 2023, el avance físico informado rondaba el 9,13%, antes de que la obra perdiera continuidad presupuestaria. Los primeros trabajos incluyeron movimiento de suelo, preparación del terreno y estructuras auxiliares. La actualización anunciada por la administración de Milei modifica tanto los montos como el calendario original, que en informes anteriores ubicaba la terminación en 2027. El nuevo horizonte difundido por el Gobierno se extendió hasta 2029.

La Base Naval Integrada busca concentrar componentes de superficie, submarinos, aviación naval e infantería de marina, además de brindar apoyo al Comando Conjunto Antártico. Su ubicación sobre el canal Beagle permitiría ampliar la capacidad logística para campañas antárticas, vigilancia marítima, reparación y abastecimiento de embarcaciones. También apunta a consolidar la presencia estatal en una zona atravesada por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y por el crecimiento de la actividad internacional vinculada con la Antártida. Para la Patagonia, el desarrollo podría reforzar un corredor estratégico que incluye puertos, astilleros y servicios marítimos del litoral austral. De todos modos, el alcance concreto dependerá del texto que ingrese al Congreso, de su aprobación y de las futuras licitaciones, contrataciones y mecanismos de control sobre una inversión pública de gran escala.