Ferraro acusó al Gobierno de repartir negocios y apuntó contra el cierre de la causa $LIBRA

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acusó al Gobierno de Javier Milei al analizar las denuncias de corrupción y los vínculos entre funcionarios y empresarios. “Estamos frente a una banda que se reparte los negocios del Estado”, afirmó durante una entrevista con Modo Fontevecchia. El legislador aclaró que respalda el ordenamiento de las cuentas públicas y la reducción de la inflación, pero sostuvo que esos objetivos no pueden usarse para evitar controles sobre la administración nacional. Sus declaraciones surgieron en medio de dos controversias: el sobreseimiento del Presidente, Karina Milei y otros investigados en la causa por la criptomoneda $LIBRA, y las sospechas sobre una posible colaboración oficial en el traslado de Flávio Bolsonaro por territorio argentino.

Ferraro, quien presidió la comisión investigadora de Diputados sobre $LIBRA, calificó de “obscena” la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado sobreseyó a los once investigados el 23 de octubre, luego de que el fiscal Eduardo Taiano pidiera cerrar el expediente. Según documentación judicial publicada por distintos medios, Taiano presentó su dictamen el jueves 22 y el juez firmó la sentencia durante la tarde siguiente. El diputado cuestionó que la investigación terminara sin declaraciones indagatorias y después de que las presuntas víctimas fueran apartadas como querellantes. Esa exclusión, dispuesta en julio y confirmada por la Cámara Federal en septiembre, dejó al fiscal como único responsable de sostener la acusación. Ferraro adelantó que la Coalición Cívica evalúa denunciar tanto al juez como al fiscal por su actuación.

El legislador también sostuvo que el expediente dejó preguntas abiertas sobre los movimientos de fondos, las comunicaciones entre los participantes del proyecto y las operaciones realizadas antes de la publicación presidencial que difundió el token el 14 de febrero de 2025. Ferraro afirmó que había elementos incorporados a la causa que, según su interpretación, justificaban continuar con medidas de prueba. El fiscal, en cambio, consideró que no se reunieron elementos para sostener delitos como abuso de autoridad, negociaciones incompatibles o tráfico de influencias. Entre sus fundamentos citó las conclusiones de la Oficina Anticorrupción y respuestas de dependencias de la Presidencia, que informaron que no encontraron actos administrativos ni registros de un acuerdo oficial con el empresario estadounidense Hayden Davis. La disputa continuará en instancias de revisión judicial a partir de las apelaciones presentadas.

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El segundo frente señalado por Ferraro fue el ingreso de Flávio Bolsonaro y su familia a Misiones durante la noche del 27 de octubre, antes de viajar en un avión privado hacia Ecuador y luego a Miami. Registros migratorios indicaron que el senador brasileño cruzó por el puente Tancredo Neves y salió desde el aeropuerto de Puerto Iguazú. La Fiscalía Federal de esa ciudad archivó una denuncia por presuntas irregularidades migratorias al concluir que llevaba documentación válida y que no existía una orden internacional que impidiera su circulación. Sin embargo, otra investigación continúa en Comodoro Py para determinar si funcionarios argentinos intervinieron en la contratación, coordinación o seguridad del traslado. Bolsonaro abandonó Brasil tras perder la elección presidencial y mientras era investigado por la Corte Suprema de su país.

Ferraro y la diputada Mónica Frade presentaron el 28 de octubre un proyecto de resolución para citar al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La iniciativa, registrada bajo el expediente 5875-D-2026, reclama informes verbales sobre la participación de organismos estatales en el ingreso y egreso del dirigente brasileño y su grupo familiar. El planteo fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Población y Desarrollo Humano, Relaciones Exteriores y Seguridad Interior. Otros sectores opositores también presentaron pedidos de informes y denuncias judiciales. Las actuaciones en Buenos Aires incluyeron órdenes para preservar imágenes del aeropuerto de Puerto Iguazú y requerimientos dirigidos a Migraciones y Cancillería, mientras se busca establecer si existió una asistencia que excediera los procedimientos habituales de frontera y seguridad aeroportuaria.

Las afirmaciones de Ferraro forman parte de una acusación política y no constituyen una conclusión judicial sobre la existencia de una organización dedicada a repartir negocios estatales. El diputado vinculó ambos episodios con una supuesta falta de controles institucionales y reclamó que el Congreso intervenga mediante citaciones e investigaciones. En el caso $LIBRA, el sobreseimiento favoreció al Presidente y al resto de los imputados, aunque todavía quedan recursos pendientes. En el expediente relacionado con Bolsonaro, la Justicia descartó hasta ahora irregularidades en su paso migratorio por Misiones, pero mantiene abierta la pesquisa sobre la logística del vuelo y la eventual participación de integrantes del Ejecutivo. Los dos casos seguirán bajo discusión parlamentaria y judicial, en un escenario atravesado por cuestionamientos opositores a los organismos de control y por una creciente tensión diplomática con Brasil.