Interpol y la Justicia investigan red argentina que reclutaba combatientes para la guerra en Ucrania

Una notificación de Interpol Colombia, emitida el 23 de julio de 2026 y catalogada como Alerta Morada, encendió la alarma en la región sobre un esquema de trata vinculado al reclutamiento de combatientes para el conflicto entre Ucrania y Rusia. La circular describió un modus operandi basado en falsas ofertas laborales con altos salarios, empresas fachada y contratos en idiomas desconocidos. Según el documento, los reclutadores apuntaron a perfiles con experiencia en armas, incluidos ex militares y ex policías, y coordinaron traslados internacionales que ocultaban la naturaleza bélica de la actividad, lo que complicó la detección por parte de autoridades migratorias y policiales.

La investigación local cobró impulso cuando la Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó allanamientos y detuvo a una ex agente de la Policía Bonaerense, identificada en las actuaciones como Griselda Inés Ortiz, imputada por presunta trata de personas con fines de trabajo forzoso en conflicto armado. El fiscal federal Sergio Néstor Mola pidió medidas por la vinculación entre esta detención y otras pesquisas. PROTEX, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, reunió al menos siete expedientes durante 2026 que describen captación, transporte y retención de víctimas con fines de envío a zonas de combate, y coordinó acciones con la fiscalía para avanzar en las causas.

Los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano informaron que los reclutadores usaron redes sociales y avisos con promesas de sueldos elevados para conseguir candidatos vulnerables. A las víctimas les entregaron contratos redactados en ucraniano que ocultaban tareas militares y les exigieron declarar en controles migratorios que viajaban por trabajo de construcción. La maniobra incluyó reservas solo de ida y un circuito aéreo que suele pasar por Estambul y Chisinau antes de ingresar a Ucrania, mecanismo que dificultó la detección temprana y facilitó el traslado de los reclutados.

Las pesquisas describen patrones propios de trata: retención y confiscación de documentos, aislamiento, deudas ficticias y amenazas para impedir la salida de los reclutados. En al menos un caso, la policía aeroportuaria demoró a cuatro hombres en marzo y esa diligencia condujo a la pista de Ortiz. La Cancillería argentina recibió pedidos de asistencia de ciudadanos en Ucrania y sigue las causas de cerca; simultáneamente, fiscales de la región alertaron a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata y al mecanismo REDTRAM para coordinar intercambios de información y medidas preventivas.

El caso plantea preguntas sobre por qué organizaciones transnacionales buscaron ex integrantes de fuerzas de seguridad en países como Argentina: la explicación apunta a la combinación de perfiles formados en manejo de armas y la precariedad económica que facilitó el reclutamiento. La investigación judicial continuará con peritajes sobre comunicaciones, análisis de itinerarios y documentación hallada en allanamientos. Los fiscales advirtieron que, por ahora, existen indicios de organización estructurada y coordinación internacional, y anticiparon nuevas medidas para bloquear rutas de captación y proteger potenciales víctimas.