La Ley Malvinas quedó sin dictamen y el Gobierno no consiguió destrabar el rechazo opositor

El Gobierno nacional no consiguió firmar dictamen para la denominada Ley Malvinas durante el cuarto plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal de la Cámara de Diputados. La reunión del miércoles 14 de octubre terminó sin acuerdo sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa de 133 artículos que combina mayores sanciones por la explotación de recursos en las islas con amplias reformas en defensa, inteligencia, seguridad y derecho penal. La Libertad Avanza buscó acelerar el trámite para llevar el texto al recinto, pero los cuestionamientos de Unión por la Patria y bloques dialoguistas impidieron reunir las firmas necesarias. El oficialismo tampoco aceptó dividir la propuesta y tratar por separado los artículos vinculados directamente con el Atlántico Sur.

La principal coincidencia entre los bloques se concentra en el primer título, compuesto por 40 artículos. Ese tramo reemplaza el régimen de la ley 26.659 y endurece las multas, inhabilitaciones y penas contra personas o empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. El desacuerdo aparece en los títulos restantes, que crean un Sistema de Seguridad Nacional, amplían las herramientas estatales ante amenazas externas y modifican normas de Defensa Nacional, Seguridad Interior, Inteligencia y el Código Penal. Unión por la Patria, Argentina Federal y Provincias Unidas reclamaron separar ambos núcleos para avanzar con las sanciones relacionadas con Malvinas sin aprobar el resto de las reformas. El Gobierno rechazó esa alternativa y sostuvo el tratamiento del proyecto completo.

Uno de los puntos más cuestionados fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo presidido por el jefe de Estado e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. La oposición advirtió que la redacción concentra atribuciones en el Poder Ejecutivo y reclamó una intervención más clara del Congreso. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, comunicó que el oficialismo analizaba incorporar una comisión bicameral para controlar al nuevo consejo, pero la propuesta no alcanzó para destrabar el debate. Legisladores opositores también cuestionaron que los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, no asistieran para explicar una reforma que abarca áreas bajo su responsabilidad directa.

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El artículo 111 abrió otro frente de conflicto porque incorpora al Código Penal la figura de influencia extranjera indebida. El texto contempla penas de cinco a doce años de prisión para quienes financien, coordinen o ejecuten campañas masivas de desinformación destinadas a manipular la opinión pública en beneficio de intereses extranjeros. Diputados opositores y representantes de sectores dialoguistas consideraron que la definición resulta demasiado amplia y podría afectar la actividad periodística, la libertad de expresión o la circulación de información. La Libertad Avanza admitió la posibilidad de modificar ese artículo, aunque no detalló durante el plenario cuál sería la nueva redacción. La discusión mostró el límite de la negociación: el oficialismo ofreció cambios puntuales y controles posteriores, mientras sus interlocutores reclamaron revisar la estructura completa y precisar facultades, delitos y mecanismos de supervisión parlamentaria.

El tratamiento legislativo coincidió con una ofensiva jurídica argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte. El Poder Ejecutivo inició a fines de septiembre un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y lo intimó a frenar las actividades hidrocarburíferas. Cumplido el plazo fijado, la Cancillería informó que pidió medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Gobierno vinculó esa presentación con la necesidad de reforzar las sanciones internas contra las compañías que operen sin autorización nacional. La oposición sostuvo que la defensa de los recursos del Atlántico Sur podía aprobarse sin incorporar en la misma norma cambios profundos sobre inteligencia, seguridad nacional y facultades del Ejecutivo.

La falta de dictamen complicó la intención oficialista de incluir la iniciativa en la sesión convocada para el 21 de octubre. El proyecto había ingresado al Congreso el 17 de septiembre con pedido de tratamiento prioritario y atravesó cuatro plenarios marcados por cruces políticos, objeciones constitucionales y reclamos para que funcionarios de primera línea respondieran preguntas. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, condujo la última reunión con carácter informativo y no sometió un despacho a firma ante la falta de consenso. El debate continuará en comisiones, donde el Gobierno deberá decidir si amplía sus concesiones, acepta dividir el articulado o insiste con el paquete completo. La discusión es especialmente sensible para las provincias patagónicas, incluida Chubut, por su relación territorial, económica y estratégica con el Atlántico Sur y sus recursos naturales.