Oficializaron el embargo del departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal 2 notificó este jueves 27 de agosto al Registro de la Propiedad Inmueble el embargo del departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. La comunicación formal permitió inscribir la medida cautelar que el tribunal ordenó el 12 de agosto, tras un nuevo pedido del fiscal Diego Luciani. El inmueble figura a nombre de Los Sauces SA, sociedad de la familia Kirchner, y quedó incluido en una segunda etapa de medidas patrimoniales vinculadas con la ejecución de la condena en la causa Vialidad. Por ahora, la decisión no modifica las condiciones de detención de la expresidenta.

El embargo busca impedir que la propiedad sea vendida, transferida o afectada mientras continúa el trámite para concretar el decomiso fijado en la sentencia. No implica una subasta inmediata ni modifica la titularidad registral del departamento. El objetivo es preservar activos suficientes para cubrir los $684.990.350.139,86 establecidos como perjuicio económico actualizado. La cifra fue calculada durante la etapa de ejecución y consta en documentos del Ministerio Público Fiscal y resoluciones judiciales. La obligación patrimonial recae de manera solidaria sobre los nueve condenados, por lo que el tribunal busca identificar y cautelar bienes que puedan utilizarse para responder por el monto pendiente.

La resolución fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, integrantes del TOF 2. La nueva lista presentada por la fiscalía comprende 141 inmuebles: trece pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculados con Lázaro Báez y sus empresas. También incluye 46 automotores y fondos bancarios. Entre estos últimos figuran 4.664.000 dólares depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, otros 992.134 dólares de una caja de ahorro y 53.280,24 pesos. La fiscalía sostuvo que esos activos ya estaban alcanzados por medidas cautelares y pidió incorporarlos al proceso destinado a ejecutar el decomiso.

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Además del departamento de San José 1111, la medida alcanzó propiedades del complejo Madero Center, en Puerto Madero, entre ellas un dúplex, dos departamentos, siete cocheras y una baulera vinculados con Los Sauces SA. La orden también comprendió inmuebles ubicados en Santa Cruz, incluidos terrenos y viviendas de El Calafate y Río Gallegos, además del predio correspondiente al Hotel La Aldea del Chaltén. El tribunal considera que pueden quedar alcanzados los bienes incorporados al patrimonio de los condenados durante el período investigado, entre 2003 y 2015, así como los activos de sociedades que, según la sentencia, recibieron beneficios derivados de la maniobra juzgada.

La condena contra Cristina Kirchner quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos contra la sentencia que le impuso seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El TOF 2 la encontró responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas del Grupo Austral. La investigación abarcó contratos otorgados entre 2003 y 2015. La sentencia sostuvo que existió un esquema de direccionamiento y beneficios económicos para las compañías de Báez, mientras que la defensa de la expresidenta rechazó las acusaciones y cuestionó la actuación de jueces y fiscales.

La ejecución patrimonial avanza por etapas. Un primer conjunto de 111 propiedades, integrado por veinte inmuebles de la familia Kirchner, 85 de Báez y sus sociedades y seis de otros condenados, quedó sujeto a revisiones judiciales tras los recursos presentados por las defensas. La Cámara Federal de Casación Penal respaldó el criterio utilizado por el TOF 2 para seleccionar los activos, aunque algunas decisiones todavía requieren una definición de la Corte Suprema. Mientras se resuelven esas impugnaciones, los nuevos embargos funcionan como resguardo. La inscripción registral del departamento de San José 1111 garantiza su indisponibilidad jurídica, pero no obliga a Cristina Kirchner a abandonar la vivienda donde cumple la pena.

El avance sobre propiedades registradas a nombre de Los Sauces SA y Hotesur SA se apoya en el criterio del tribunal sobre los beneficios económicos indirectos atribuidos a la familia Kirchner. Los jueces señalaron que las acciones societarias permanecen embargadas desde 2017 y que las transferencias gratuitas realizadas a Máximo y Florencia Kirchner no impiden analizar esos activos durante la ejecución. Las defensas pueden cuestionar la identificación, valuación y eventual decomiso de cada bien antes de cualquier realización definitiva. Por eso, la notificación conocida este jueves constituye una medida preventiva dentro de un proceso más amplio, que continuará con la intervención de las partes y las revisiones de las instancias superiores.