Santiago Caputo vinculó la recuperación de Malvinas con una crítica al Islam en el Reino Unido

El asesor presidencial Santiago Caputo afirmó que la Argentina debía recuperar las Islas Malvinas porque el Reino Unido estaba “siendo colonizado por el Islam” y presentó el reclamo soberano como una causa de alcance occidental. La declaración apareció en una publicación de X que luego replicó el presidente Javier Milei, en medio de una nueva escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres por la explotación petrolera en las aguas que rodean al archipiélago. “Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas”, escribió Caputo, uno de los funcionarios con mayor influencia política dentro de la administración libertaria.

Caputo acompañó su mensaje con un video de Sagal Abdi-Wali, diputada del Partido Laborista, durante su juramento en la Cámara de los Comunes con una mano sobre el Corán. La legisladora ganó el 8 de octubre una elección parcial en el distrito londinense de Holborn and St Pancras y asumió formalmente el 12 de octubre. La escena que el asesor usó como argumento político correspondió a un procedimiento contemplado por las normas parlamentarias británicas: los legisladores pueden prestar juramento con un texto religioso de su elección o realizar una afirmación no religiosa. La ceremonia, por lo tanto, no representó un cambio legal ni institucional en el funcionamiento del Parlamento del Reino Unido.

“Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”, agregó Caputo, quien también sostuvo que la relevancia geopolítica del Atlántico Sur crecerá durante las próximas décadas. Su planteo mezcló la disputa bilateral de soberanía, reconocida por las Naciones Unidas, con una caracterización general sobre la población musulmana británica. Hasta este jueves no se conoció una respuesta oficial del Gobierno del Reino Unido a esas expresiones. El pronunciamiento se sumó a otros mensajes del espacio libertario contra el Islam, que generaron críticas y presentaciones judiciales de entidades representativas de la comunidad musulmana en la Argentina.

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Días antes, el Centro Islámico de la República Argentina denunció penalmente al dirigente oficialista Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, por una publicación que vinculó al Islam con violaciones, decapitaciones, pedofilia, esclavitud y terrorismo. Según informó La Nación, la presentación quedó bajo intervención del Juzgado Federal número 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Milei respaldó el mensaje de Parisini al republicarlo con la frase “Tomar nota”. La entidad islámica sostuvo que la libertad de expresión constituye un derecho central para la democracia, pero cuestionó lo que consideró una campaña de acusaciones y tergiversaciones contra su fe y sus integrantes.

La declaración de Caputo también coincidió con la ofensiva judicial argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration al norte de las islas. El Gobierno pidió medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, mientras avanza un procedimiento arbitral iniciado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La administración de Milei busca impedir la extracción de hidrocarburos porque considera que las compañías actúan sin autorización argentina sobre espacios marítimos reclamados por el país. El desarrollo prevé una inversión de unos 2.200 millones de dólares y proyecta iniciar la producción en 2028.

Londres rechazó la avanzada argentina y anunció que utilizará herramientas de su legislación de Protección de los Intereses Comerciales para resguardar a empresas y ciudadanos británicos frente a sanciones que considera extraterritoriales. El Reino Unido sostiene que no existen dudas sobre su soberanía y defiende el derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro. La Argentina, por su parte, mantiene que el territorio fue ocupado por la fuerza en 1833 y reclama la reapertura de negociaciones bilaterales. El Comité Especial de Descolonización de la ONU volvió a reconocer en 2026 la existencia de una disputa de soberanía y reiteró el pedido para que ambos gobiernos alcancen una solución pacífica mediante el diálogo.