La Justicia secuestró dos computadoras por los sobresueldos investigados en la Armada

El juez federal Sebastián Ramos ordenó secuestrar dos computadoras de la Armada Argentina que habrían sido utilizadas para concretar acreditaciones salariales irregulares por casi mil millones de pesos. Los equipos permanecían guardados en una caja fuerte tras una auditoría interna y quedaron en poder de la Prefectura Naval Argentina, que intervino por disposición judicial. La medida busca preservar y analizar los registros digitales vinculados con 645 operaciones realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. Según la denuncia presentada por la propia fuerza, los pagos alcanzaron un monto histórico de $981.148.567,88 y tuvieron como destinatarias a 23 personas, entre integrantes activos, retirados, personal civil y beneficiarios sin relación laboral con la institución.

Las computadoras estaban asignadas al Departamento Revista, el área que intervenía en la preparación de los archivos destinados al pago de haberes. La dependencia estaba encabezada por el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien fue relevado preventivamente durante la investigación administrativa. La hipótesis incorporada a la denuncia sostiene que, después de completar la liquidación ordinaria de los salarios, se modificaban los archivos que debían enviarse al Banco Nación. Esos cambios permitían incluir importes superiores a los correspondientes o transferencias hacia otras cuentas. El peritaje deberá establecer qué usuarios ingresaron a los equipos, en qué fechas se alteraron los documentos y si quedaron rastros que permitan identificar a quienes ejecutaron cada operación.

La irregularidad comenzó a quedar expuesta en febrero de 2026, cuando una revisión de los haberes liquidados durante enero detectó cinco acreditaciones incorrectas a integrantes del Departamento Revista. La Armada dispuso entonces una comisión especial y amplió el análisis a períodos anteriores. Entre agosto y septiembre, el relevamiento interno incorporó documentación bancaria, reconstruyó las transferencias y vinculó parte de los pagos con personas cercanas al responsable del área. El 15 de septiembre, el jefe de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio, presentó la denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 2. El fiscal Ramiro González impulsó la investigación y pidió medidas para verificar el circuito descripto en las actuaciones militares.

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Cuatro de las 23 personas identificadas no tenían relación funcional ni laboral con la Armada, pero concentraron $434.200.718,04 mediante 184 acreditaciones, cerca del 44 por ciento del monto investigado. La mayor receptora individual fue María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien recibió $152.259.495,86 distribuidos en 46 transferencias, de acuerdo con la denuncia. Los otros beneficiarios externos mencionados en la documentación son Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia. Estas operaciones quedaron bajo especial análisis por su volumen y por la ausencia de una contraprestación salarial. La información bancaria permitió asociar los depósitos cuestionados con cuentas identificadas y compararlos con los haberes que correspondían a cada integrante de la fuerza.

Durante el sumario administrativo, Atanasoff reconoció, según la presentación judicial, que conocía las acreditaciones destinadas a personas ajenas a la institución y que esas operaciones se cargaban manualmente. También sostuvo que decidía los beneficiarios y los montos con la finalidad de favorecerlos económicamente. Esas manifestaciones integran la prueba reunida por la Armada, pero deberán ser evaluadas en el expediente penal junto con el resto de la documentación. La conducción naval apartó de sus funciones a diez militares alcanzados por las actuaciones internas e inició procedimientos disciplinarios que podrían derivar en destituciones. Esas decisiones administrativas no equivalen a condenas penales y los involucrados conservan el principio de inocencia mientras avanza la investigación federal.

Además del análisis informático, Ramos solicitó a la Armada los legajos de las personas que recibieron los pagos observados y la nómina completa de quienes trabajaron en el Departamento Revista durante el período investigado. El Banco Nación deberá entregar las constancias de las acreditaciones, con montos, fechas y titulares de las cuentas receptoras. La pesquisa buscará determinar si Atanasoff actuó solo, si contó con la participación o el conocimiento de otros agentes y qué controles fallaron durante más de tres años. También deberá establecer cuánto dinero regresó a las cuentas estatales, ya que las devoluciones informadas no reducen el monto histórico de las transferencias irregulares. Por ahora, la cifra respaldada por la denuncia y reproducida por distintas fuentes asciende a poco más de $981 millones.